El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dio trámite a la acción de nulidad que promovieron el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), contra el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que recomendó cancelar la cuestionada licitación para la modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi.
A través del oficio número 891, que la CGR recibió ayer, con fecha del 24 de julio, la Justicia solicitó al ente contralor las copias autenticadas de los antecedentes administrativos relacionadas con las resoluciones impugnadas en la demanda. El pedido tiene la firma del juez Arsenio Coronel Benítez, vicepresidente del cuerpo colegiado.
De acuerdo con el documento, la CGR tiene tiempo hasta el viernes de la próxima semana para remitir los documentos que requirió el tribunal, atendiendo a que tiene diez días hábiles para hacerlo. Recordemos que varios constitucionalistas recomendaron al tribunal el rechazo in límine del pedido por agredir la función de la CGR.
Con la acción, MOPC y Dinac buscan anular la auditoría que realizó el ente contralor a todo el proceso, con la cual se detectaron varias irregularidades, como la no precalificación de los oferentes e incluso violaciones del pliego para encubrir los antecedentes de incumplimiento de la española Sacyr, a quien a toda costa quieren entregar la terminal aérea por 30 años.
POSTURAS. Vale señalar que el contralor Enrique García consideró que la demanda institucionalmente “es inconducta y una grave incoherencia”.
El funcionario instó a la Justicia a rechazar la demanda y consideró este tipo de medidas como una “agresión a la institucionalidad y al sistema constitucional diseñado para el control de la utilización del patrimonio público”.
El constitucionalista Hugo Estigarribia había manifestado a este medio que la acción del MOPC y Dinac dejan un nefasto precedente y es un golpe a la transparencia. “Genera una presunción de manejo no transparente el accionar (de MOPC y Dinac) contra un dictamen de la Contraloría, políticamente incorrecto y probablemente jurídicamente incorrecto”, aseveró el profesional y ex congresista.
Aseveró además: “Ya es un precedente nefasto que un organismo controlado evada la Contraloría, pero es más nefasto que no evadiendo a la Contraloría impugnen o pidan la nulidad de los actos emanados por el ente contralor. Una vez más, el funcionamiento institucional del Paraguay, en un punto muy sensible que es la transparencia, queda en manos del Poder Judicial”.
En su momento, el constitucionalista Emilio Camacho y el ex contralor Octavio Augusto Airaldi coincidieron en que el Tribunal de Cuentas difícilmente pueda anular el dictamen de la Contraloría que recomendó cancelar la licitación.
Airaldi aseveró que “seguramente el Tribunal de Cuentas no va a anular el dictamen de la Contraloría”.