Apenas minutos después de la detención de la abogada María Magdalena Ramírez por ser la presunta intermediaria de un pedido de coima del juez Óscar Talavera, el preso que denunció el caso comenzó a recibir amenazas de muerte dentro del penal de San Juan Bautista, Misiones, el miércoles pasado.
A raíz de esto, familiares de Juan Carlos Acosta, el procesado que está recluido en la cárcel de San Juan, solicitaron al senador Arnaldo Giuzzio que intervenga a fin de proteger al hombre.
“Nos comunicamos con el director de la penitenciaría para solicitar sus buenos oficios para que lo mantengan en un lugar aislado y seguro. Vamos a comunicarnos con el ministro de Justicia para solicitarle la posibilidad de que él (el preso) exponga públicamente su versión porque no hay mejor mecanismo de lucha contra la corrupción que no sea la de exponerla públicamente”, comentó ayer el senador del Partido Democrático Progresista (PDP).
Acosta está recluido en el penal a la espera de un juicio oral y público por un caso de tráfico de marihuana. Talavera es el presidente del Tribunal de Sentencia que debía juzgarlo. Una cámara oculta de Latele y ÚH registró cómo el magistrado negoció la coima.
La Fiscalía también grabó conversaciones entre el juez y familiares de Acosta, en las cuales Talavera dio instrucciones a los familiares para reunirse con la abogada María Magdalena Ramírez a fin de darle a ella una seña de USD 5.000. Otros USD 20.000 debían ser entregados antes del juicio oral, marcado para noviembre próximo.
“Ojalá que no se conforme un tribunal que precisamente porque denunció a un juez, lo tenga que castigar. No estamos abogando a que se lo libere, sí estamos abogando a que se haga justicia”, recalcó Giuzzio.
DELITO. Por su parte, la fiscala anticorrupción Yolanda Portillo explicó que el mero hecho de negociar el pago de una suma de dinero a cambio de una sentencia favorable ya se enmarca dentro del delito de cohecho pasivo. En este caso, la imputación a Talavera y a la abogada Ramírez es por cohecho pasivo agravado, en carácter de autor y cómplice, respectivamente.
“El delito se comete del momento que él solicita o se deja prometer un beneficio a cambio de realizar una conducta que lesione sus funciones. Nosotros tenemos la sospecha de que él (Talavera) negociaba para que se reduzca una pena”, explicó Portillo.
El pasado miércoles, la abogada María Magdalena Ramírez fue detenida tras cobrar USD 5.000 en una estación de servicios de San Ignacio. La mujer también tenía unos G. 22 millones en su vehículo cuando fue aprehendida por una comitiva fiscal policial.
