Sin embargo, la compaña es impulsada por el sector oficialista del Partido Colorado, según confirmó su mismo presidente, Pedro Alliana y varios otros dirigentes.
En relación con las denuncias de presiones a funcionarios, respondió que le parece “genial” que se presenten las denuncias formales a la Secretaría Anticorrupción o al Ministerio Público.
“Hasta ayer no recibimos ninguna denuncia formal. Tenemos denuncias irresponsables porque no se identifican instituciones ni nombres de las personas que lo hacen”, expresó Peralta.
Agregó que la gente es libre de firmar y no importa que haya funcionarios que no la firmen.
“Legalmente hablando, el funcionariado debe priorizar la atención a la ciudadanía, pero tiene la libertad de realizar otras actividades fuera de su función”, justificó.
Cambio de postura. El pasado miércoles, Peralta realizó unas declaraciones afirmando que la Ley de la Función Pública prohíbe que las planillas pro reelección estén en las instituciones públicas.
“No, no deberían estar, formalmente hablando. Si es que se firma fuera del ámbito institucional, es una situación diferente”, dijo en forma tajante.
Horas después, la SFP sacó un comunicado ambiguo en donde se notó un cambio de postura radical del secretario de Estado.
“La SFP entiende que las firmas realizadas por parte de algunos funcionarios públicos no son prácticas de política partidaria, sino exclusivamente actividades cívicas que responden a iniciativas de la ciudadanía”, mencionaba.
Según versiones extraoficiales, hubo un tirón de orejas de parte del Ejecutivo por sus primeras declaraciones y por ellos volvió a cambiar su postura.
Tras la oficialización de la campaña de recolección de firmas para lograr la reelección presidencial, de vuelta se dieron a conocer denuncias anónimas de extorsión en algunas instituciones públicas.
