Una APP puede ser una versión pública del tarjeteo. Una tarjeta de crédito permite a una persona comprar más de lo que debe comprar. Muchos ignorantes se dejan tentar, compran de más, y terminan endeudados. Posiblemente, nunca llegarán a cancelar el crédito, pero, con lo que pagan en intereses, los acreedores recuperan su capital con creces. Cambiando lo que se debe cambiar, esta es la versión moderna de los mensúes endeudados de los antiguos yerbales. Muchas veces, personas inteligentes se dejan engañar por los tejemanejes financieros y, cuanto más pagan, más deben.
Sin la tarjeta, no me hubiera podido comprar la heladera, dijo una pobre señora que terminó arrepentida. Sin la APP, no podemos hacer la ruta, han dicho funcionarios públicos; como el Gobierno no tiene el dinero, necesita pedírselo al sector privado, que le financia la obra. Como en el caso de la tarjeta, debemos preguntarnos a qué precio o con cuánto endeudamiento.
Hasta donde puede saberse, una obra hecha con APP puede salir más cara que una obra hecha con una licitación pura y simple. Hasta donde puede saberse, porque, en muchos casos, las APP tienen cláusulas confidenciales, que impiden saber cuál ha sido el acuerdo entre el sector público y el sector privado.
Esto ha sucedido en otros países, y es algo que no se quiere decir en el Paraguay. Sabe que el Ejecutivo puede negociar en secreto con una empresa privada y que, después de haber llegado a un acuerdo, se lo muestra al Congreso y a la opinión pública. Eso no quiere decir que lo muestre todo: una parte de lo acordado puede permanecer en secreto a causa de una cláusula confidencial. Los desacuerdos se llevarán a un tribunal internacional, y este es otro aspecto alarmante de una APP.
Sin APP, y sin ningún fundamento, el Paraguay se ve extorsionado por un tribunal norteamericano en el caso Gramont. Ahí las autoridades nacionales no firmaron nada y ni siquiera sabían de las maniobras de Gramont con el grupo de especuladores internacionales hoy respaldados en instancias internacionales. ¡Lo qué será cuando se haya firmado un compromiso de acuerdo con la ley de APP! Entre los interesados en financiarnos obras públicas están las empresas norteamericanas JP Morgan y Goldman Sachs, poco destacadas por su conducta filantrópica. ¿Hasta dónde llegará el endeudamiento?
El problema se agrava si nos endeudamos para pagar una ruta mal hecha o una obra que no necesitamos. Entre las que no necesitamos está la presunta modernización del puerto de Asunción, que podría costar 200 millones de dólares, dinero mejor empleado en las prioridades de la capital, que no tiene un sistema de cloacas, y no necesita tirar más suciedad al río. Pese a las protestas, el proyecto marcha, y me temo que no será el único. APP, ¡cuántos crímenes se comenten en tu nombre!
