La defensa del encausado presentó un certificado de reposo médico. Por tal motivo, la jueza Gricelda Caballero decidió suspender la diligencia donde se tenía que decidir si se elevaba o no a juicio oral el caso.
El mismo fue detenido en un operativo encubierto en diciembre de 2016. En poder del funcionario fueron hallados unos G. 40 millones, parte del presunto pedido de coima al dueño de una propiedad agraria.
Según consta en la carpeta fiscal, el hombre habría requerido la suma de USD 30.000 para que la Comisión Agraria de la Cámara Alta rechace un proyecto de ley de expropiación de tierras que se encuentran en el Departamento de Alto Paraguay, cerca de la localidad de Bahía Negra, sobre el río Paraguay. Dicho pedido fue realizado por parte del funcionario, supuestamente, a nombre de un senador.
Refieren los antecedentes que Julio Alcaraz se desempeña como apoderado general de la empresa Abialor Paraguay SA, dedicada a la agroganadería. El mismo formuló la denuncia ante el Ministerio Público. A raíz de la misma, se montó el operativo encubierto en el que finalmente fue aprehendido el funcionario legislativo.
orden de captura. El juez Humberto Otazú en enero pasado había decretado la rebeldía y ordenado la captura del funcionario, ya que no cumplió con las medidas cautelares que le aplicó la jueza Caballero. La magistrada dispuso su arresto domiciliario y varias medidas, entre ellas, la prohibición de acercarse a la sede de la Cámara Alta. Sin embargo, los fiscales señalaron que el encausado asistió a su lugar de trabajo. Incluso alegaron que el hombre no contaba con domicilio fijo, ya que residía en un hotel capitalino.
