En medio de la indefinición de la objeción a la ley de subsidio para los campesinos, la Comisión de Hacienda del Senado dictaminó sobre un nuevo proyecto del Ejecutivo.
La nota resaltante la dio el liberal Carlos Amarilla, quien plantea modificaciones a la nueva propuesta, incluyendo un subsidio de hasta USD 20 millones de fondo para la reactivación agrícola.
Por su parte, el oficialista Juan Darío Monges fue uno de los que votaron a favor de la aprobación sin modificaciones, mencionando la posibilidad de que el nuevo proyecto se incluya como adenda en el orden del día de mañana.
Lo que ya quedó incluido como quinto punto fue el veto del presidente Horacio Cartes al subsidio, que hasta el momento viene dejando sin cuórum varias sesiones del Senado. El Frente Guasu es uno de los sectores que apuestan al rechazo del veto, en coincidencia con el sector campesino.
Monges cree que al tener dictamen de la Comisión de Hacienda, el nuevo proyecto del Ejecutivo tendría que tratarse ya mañana, o “en el peor de los casos en la próxima sesión”, que es la otra semana. Admitió que resulta más complicado que se plantee un tratamiento sobre tablas, es decir, en el momento de la sesión, porque costará reunir los números a favor.
Trajo a colación que la inclusión de este tema en el orden del día es potestad exclusiva del presidente del Congreso, Fernando Lugo.
reactivación. “Procuraremos incorporar la figura del subsidio directo para la reactivación productiva de fincas afectadas por la crisis presentada por los sectores campesinos organizados”, manifestó el senador Amarilla.
“Es una realidad que existen familias que ya no van a poder reactivar su finca si no existe asistencia directa de tipo financiero por parte del Estado”, consideró el liberal. “Vamos a tener el debido cuidado de poner una cifra, un tope a esa inversión que pueda hacerse del Estado”, dijo.
A su criterio, podría ser una salida intermedia si es que se logra un consenso. “Puede ser una cifra muy razonable, nada que pueda distorsionar o apeligrar la salud de las finanzas públicas”, refirió. Señaló que la ejecución quedaría a cargo del Ejecutivo, y se tendrán que aplicar filtros y mecanismos de control para asegurar que realmente llegue a los beneficiarios.