Fue la agente fiscal Teresa Martínez, de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas, quien creyó conveniente la aplicación de tales años como medidas privativas de libertad, pero el Tribunal de Sentencia finalmente dictará la medida en la mañana del próximo jueves.
Según las acusaciones, ambos sospechosos habían captado y trasladado a 56 compatriotas en diferentes grupos hasta Chile, tras supuestamente haber conseguido fuentes de trabajo para estas personas.
Tiempo después, presumiblemente, los compatriotas fueron explotados, según indicó la parte acusadora. El caso ya había sido denunciado en mayo del 2011.
Según la narración de los hechos, las víctimas fueron trasladadas a establecimientos ubicados en lugares sumamente lejanos para ser explotadas. Durante el juicio, alrededor de 12 personas aseguraron haber sido explotadas laboralmente a causa de las maniobras de ambos acusados.
Según el Ministerio Público se constató en tal proceso la participación de los mismos en el reclutamiento de las víctimas, quienes con el ideal de conseguir un buen empleo y mejorar la vida de sus familiares, resultaron ser vulneradas.
Según los antecedentes del caso, una pareja denunció el hecho cuando lograron escapar. Alertaron de esta forma a las autoridades, inculpando a los hombres de haber llevado bajo engaños a varios compatriotas a Chile, específicamente a unos fundos: “La Esperanza”, “Santa Marta” y “San Antonio de Petral”, donde eran explotados.
