Llama la atención que el despeje se realice sin ninguna indemnización a los afectados, como se prevé en el caso de la duplicación de las rutas 2 y 7 vía APP, así como exige la Ley de Expropiaciones. El viceministro de Obras, Manuel Cano, explicó a ÚH que las mejoras se pagan en caso de que se tengan permisos de ocupación, que no es el caso de los ocupantes de la franja de la ruta 7. Lo cierto es que varias familias de escasos recursos se vieron afectadas, pues el despojo se realizó sin ninguna planificación de impacto social por parte del MOPC, pese a que el proyecto es de gran envergadura al tratarse de una concesión hasta el 2053. Las intervenciones están a cargo de funcionarios de la Unidad de Concesiones, dependiente del gabinete del Viceministerio de Obras del MOPC, con la colaboración de la Patrulla Caminera, miembros de las asesorías jurídica de la cartera y de la contratista, y fuerzas de la seguridad pública (Policía).
En un comienzo, Tape Porã presentó el proyecto para ejecutar la obra vía alianza público-privada (APP). Sin embargo, se canceló luego de que haya trascendido que el padre del ministro Jiménez Gaona estaba detrás de la mencionada obra. Luego de esto, el proyecto fue aprobado bajo la figura de la Ley de Concesión.