El artículo 86 de la nueva normativa había sido el gran escollo para actualizar –luego de 20 años– la mencionada Ley de Bancos, pues durante su discusión se introdujo la obligatoriedad de que la Fiscalía y Seprelad cuenten con el requisito judicial para revisar las cuentas de personas sospechadas de tener vínculos con actividades ilícitas.
El ministro de Seprelad, Óscar Boidanich, dijo ayer a ÚH que está satisfecho de que se haya entendido el alcance de los organismos locales de inteligencia financiera.
“No iba a servir de nada tener una ley moderna (la ley de bancos) con esta restricción a la hora de romper el secreto bancario que nos exponía, incluso, a sanciones por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional”, destacó.
ministerio público. Por su parte, el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinosa, manifestó a este diario que con esta sanción se respecta su rol constitucional.
“Si se aprobaba la ley con la orden judicial previa, eso significaría la muerte de Seprelad a la hora de verificar indicios de lavado de dinero, esto hace que podamos seguir trabajando en nuestra lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, remarcó.
“Cuando ciertas empresas o personas se salen de su perfil hacemos el seguimiento con los órganos de inteligencia de esos movimientos anormales bancarios, son nuestra señal de alerta, trabajamos de forma conjunta”, explicó.
El economista jefe del BCP, Miguel Mora, también se mostró conforme con la sanción de Diputados y dijo que esto trae tranquilidad a todo el sistema y se espera que la ley sea rápidamente promulgada.