La Seprelad tardó inclusive cuatro meses en reportar las supuestas irregularidades por lavado de dinero a la Unidad Especializada y no dos meses, como había declarado el propio ministro de dicha institución, Óscar Boidanich.
“Nosotros tuvimos conocimiento del hecho a través de la nota remitida el 17 de abril de 2018 y estaba anexado el informe de inteligencia, cuya fecha era del 27 de diciembre de 2017”, explicó Cantero en una conferencia de prensa.
La agente aseguró que el informe es clasificado, es decir, tiene carácter confidencial; sin embargo, informó que las operaciones referidas en el informe datan de los años 2015 y 2016.
“Las investigaciones financieras llevan su tiempo, pero las operaciones son de hace tres años, por lo que hemos pedido un informe sobre su mecanismo de trabajo. Ellos deben decir por qué la diferencia del tiempo. No sé cuál es el canal que ellos manejan”, remarcó la representante fiscal, quien estaba acompañada por los fiscales designados para dicha investigación, Liliana Alcaraz y Hernán Galeano, al igual que el director Miguel Ángel Ruiz. Este último fue el encargado de dictaminar a favor de la apertura del proceso penal.
También confirmó que las empresas tuvieron movimientos bancarios consistentes en transferencias al exterior, específicamente a Ámsterdam y Luxemburgo, por un monto mayor a un millón de dólares, presumiblemente por representantes y accionistas de sociedades anónimas constituidas en el Paraguay. Entre estos se encontrarían las firmas: Chai SA, Matrix Reality SA y otros. Sin embargo, se reservó a dar más detalles, para resguardar la investigación penal.
Cantero instó a la Seprelad a trabajar en forma coordinada, teniendo en cuenta que se trata de una institución preventiva.
En lo que respecta a los entes bancarios y las financieras, mencionó la fiscala que tienen la obligación de reportar cualquier actividad sospechosa a la Seprelad.
Por otra parte, anunció haber pedido al fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, un informe sobre lo incautado en el allanamiento realizado en el domicilio de Messer –que se encuentra en el Paraná Country Club, de la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná–, el sábado pasado, a modo de ver si registran evidencias que se refieran a la investigación penal recién iniciada.
IMPARCIALIDAD. La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ordenó que se investigue el caso del empresario brasileño, con toda la imparcialidad que corresponda y sin importar quiénes estén involucrados. Los investigadores niegan que exista presión política. “La fiscala general del Estado se interiorizó de la causa y el único mensaje que nos dejó es que hagamos lo correspondiente, conforme a lo que hay dentro de la carpeta, sin importar quién esté involucrado”, aseguró la adjunta.
LAVA JATO. Messer y Bruno Farina, ambos con cédula de identidad paraguaya, son requeridos por la Justicia brasileña por organización criminal, corrupción activa y pasiva de lavado de dinero, evasión de moneda corriente, como parte de un esquema corrupto conocido como Lava Jato.
Actualmente, ambos se encuentran prófugos con una orden de captura internacional y se presume que están en el país, en alguna estancia.