“Para nosotros es muy claro, el presidente sigue haciendo contrabando, no está desligado de sus empresas. Brasil y todos los demás ya están cansados, pueden decir que es guerra comercial, pero el tema es que nos resta autoridad como país. Hay dos problemas, el presidente con qué fuerza puede negociar con Brasil sobre Itaipú y qué posibilidad tiene Paraguay de conseguir lo justo”, afirmó la senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista.
Agregó que con esta acusación “(Cartes) no tiene autoridad moral para atraer inversión. Porque ¿qué inversor serio te va a venir acá si el presidente está contrabandeando?”, se preguntó y criticó al mismo tiempo la postura del gerente general de la empresa Tabacalera del Este SA (Tabesa), José Ortiz, quien minimizó la situación.
“El código aduanero paraguayo sanciona propiedades comerciales como responsables por acción u omisión. Hay omisión de Tabesa si tus cigarrillos se compran y venden en contrabando. Omisión como mínimo porque te responsbiliza”, dijo.
Acusó además a la aduana de ser complaciente en este tema.
A su turno, el senador liberal Carlos Amarilla instó a que las autoridades pertinentes investiguen el asunto “porque esta es una actividad ilícita, el contrabando es grave en cualquier lugar del mundo”, manifestó.
El senador Hugo Richer, del Frente Guasu, dijo que el problema parte de la poca predisposición de Cartes de ser transparente.
“Sigue siendo accionista de sus empresas, lo cual riñe con el marco constitucional y legal de la República”, dijo y subrayó que esta situación amerita que desde “la esfera política se tome más en serio y se estudien las medidas que podamos tomar”.
La acusación contra el mandatario se dio en una jornada de protesta en São Paulo, donde unos 90 empresarios paulistas, según el reporte de Empresa Brasil de Comunicaciones (EBC), vincularon al gobernante paraguayo y a su empresa tabacalera con actividades comerciales ilícitas.