Senado tramita solicitud desafuero de 2 senadores dominicanos por caso Odebrecht

EFE

Los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, ambos del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), están acusados, junto a otras 12 personas, entre ellas un ministro y un diputado, de recibir, presuntamente, sobornos de la constructora brasileña para la adjudicación de obras públicas en el país.

En la sesión de hoy, el presidente de la Cámara alta, Reinaldo Pared Pérez, planteó enviar la solicitud de desafuero a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos para que “se rechace o se acepte” retirar la inmunidad a los senadores.

Ayer, fue la Cámara de Diputados dominicana la que envió a su comité disciplinario la solicitud de la Procuraduría General para que retire la inmunidad parlamentaria al diputado Alfredo Pacheco, del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El procurador dominicano, Jean Alain Rodríguez, anunció este lunes la imputación de 14 personas por el caso de Odebrecht, que aseguró haber pagado 92 millones de dólares en el país en concepto de sobornos para acceder a obras públicas.

Diez de los implicados, entre ellos el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el presidente del principal partido opositor y expresidente del Senado, Andrés Bautista, así como varios exdirectivos de empresas estatales fueron detenidos ese día.

Otro de los implicados es el empresario y representante comercial de Odebrecht en el país, Ángel Rondón, señalado como la persona que recibió y distribuyó los 92 millones de dólares que la empresa admitió haber pagado en sobornos en República Dominicana para hacerse con contratos de obras públicas.

Al grupo se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Las detenciones se produjeron el lunes, pocos días después de que la República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó entre 2001 y 2014.

Con este acuerdo, la constructora brasileña se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.