Por falta de dictamen se dejó de lado tratar los proyectos de leyes exigidas por las organizaciones campesinas, que están instaladas en la capital del país desde hace una semana y media.
Se logró convocar a una sesión extraordinaria para analizar ambos documentos, pero rápidamente se tomó la decisión de levantar. De esta forma queda postergado su tratamiento.
Uno de ellos tiene que ver con la rehabilitación financiera de los pequeños productores cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas.
En el primer artículo de ese proyecto se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de sus instituciones, a subsidiar las deudas vencidas de los campesinos reconocidos por la Coordinadora Nacional Intersectorial.
Mientras el segundo tenía que ver con la declaración de emergencia nacional de la agricultura familiar en todo el territorio nacional.
Este documento tiene como objetivo atender los problemas de asistencia técnica y crediticia, de acceso a servicios básicos, vivienda y tierras para las familias que se dedican a la agricultura familiar por un plazo de 180 días.
Hubo un intento de tener un cuarto intermedio para que la Comisión de Hacienda pueda emitir un dictamen, pero no tuvo los votos necesarios.
Los campesinos están instalados hace una semana y media en la capital y diariamente realizan marchas por las principales calles del microcentro asunceno. La medida de fuerza es para recibir una respuesta a sus reclamos.
Se movilizan en protesta por el supuesto incumplimiento del Gobierno al acuerdo firmado en abril del 2016, en el cual se comprometió a comprar las deudas de los labriegos a través del BNF.
DEBATE. Durante la sesión ordinaria se evidenció que el oficialismo estaba en contra de ambos documentos defendiendo las gestiones del Ejecutivo.
Además, sus representantes aseguraban que se está cumpliendo con el acuerdo firmado el año pasado con relación a la refinanciación de las deudas.
Mientras que la oposición señalaba la necesidad de dar una respuesta a la problemática campesina, los involucrados están desde hace una semana y media instalados en la capital del país.
Generó roncha lo manifestado por el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, quien en la víspera había dicho que el reclamo campesino “no se ajusta a los intereses del Gobierno”.
El senador liberal Luis Alberto Wagner repudió esas declaraciones, al igual que sus colegas Miguel Abdón Saguier, Desirée Masi, Blanca Ovelar, entre otros.
Sin embargo, los correligionarios del diputado oficialista trataron de resguardarlo diciendo que sus expresiones se sacaron de contexto.
POSTURA DEL GOBIERNO. Para el Gobierno no se puede aprobar el proyecto de ley presentado por los campesinos porque no se tiene en claro quiénes son los beneficiarios y el costo financiero que representaría la exigencia de los labriegos. Proponen nuevas tasas de refinanciación de las deudas y la posibilidad de incluir a nuevos agricultores.
El ministro de Agricultura de Ganadería, Juan Carlos Baruja, dijo que los subsidios deben estar abiertos para todos los pequeños productores y no para un “listado arbitrario”. Agregó que ese beneficio debe ser para fortalecer la inserción y la competitividad de la cadena productiva.
