Tres operadores colorados que aparecieron como responsables de las planillas pro enmienda en las que se encontraron presuntas falsificaciones de firmas, y que fueron citados para una declaración indagatoria ante el fiscal interino Alcides Corvalán, no se presentaron ayer a la mencionada audiencia, según confirmó el agente del Ministerio Público.
Entre los convocados figura el ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, quien a través de su abogado Luis Rojas Medina pidió la suspensión de la declaración indagatoria, ya que su representante legal solicitó recién ayer la copia de la carpeta fiscal para cerciorarse de los hechos por los que es investigado.
Cárdenas es indagado por la Fiscalía como uno de los dirigentes encargados de recepcionar 31 planillas en la Seccional 350, de Lambaré, pero recusó al fiscal Fabián Centurión, designado para investigar la causa.
Justamente ayer el abogado Rojas explicó al fiscal Corvalán que se encuentra pendiente en la Fiscalía General del Estado la recusación al fiscal Centurión, a quien pidió apartarse del caso, alegando que su esposa es una política disidente colorada que milita en el sector de Mario Abdo Benítez.
También tenía que haber declarado ayer Gustavo Ariel Brítez, quien alegó que no fue notificado. Este sería presidente de una Seccional Colorada de Carapeguá, Departamento de Paraguarí.
Otro de los citados fue Luis Guillén, de una seccional de Zanja Pytã, Departamento de Amambay, quien manifestó al fiscal de su imposibilidad de llegar a Asunción por no contar con recursos y por la lejanía.
Para hoy se aguardan más audiencias de personas cuyas firmas fueron falsificadas y que posteriormente irán hasta el laboratorio forense, donde realizarán sus respectivas firmas y a fin de ser cotejadas con los que están estampadas en las planillas de la ANR.
Corvalán fijará nueva audiencia para los nombrados, aunque aún no fijó fecha ya que está con recarga de trabajo. El mismo interina al fiscal Ángel Ramírez en este caso, ya que este último está de vacaciones.
Corvalán explicó que hasta el momento fueron 122 personas las que llegaron hasta el Ministerio Público a denunciar que sus firmas aparecen en las planillas, sin sus autorizaciones. Mencionó que la denuncia contra los presuntos falsificadores es por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso que cuenta con una expectativa de hasta 5 años de pena privativa de libertad, pero en el caso de que sea más gravosa, la condena puede llegar a ser hasta 10 años de cárcel.
Para hoy se tiene prevista la declaración indagatoria de la presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía, Esmilse Concepción Bobadilla, y posiblemente pida la suspensión de su audiencia.
