En los últimos meses han aumentado las denuncias acerca de grupos de policías que han sido acusados de procedimientos dudosos y abusos de poder en Asunción y en otras ciudades del interior del país, con la implantación de pruebas falsas para intentar extorsionar a los ciudadanos escogidos como víctimas, a quienes han causado graves daños físicos y sicológicos, tal como lo resume un reportaje publicado este lunes por nuestro diario.
Uno de los casos que más conmoción causó en la ciudadanía fue el ocurrido el 13 de agosto, cuando Richard Pereira, un técnico en reparación de celulares de 25 años, fue baleado en un procedimiento realizado por dos policías de la Comisaría Cuarta Metropolitana, luego de ser perseguido y alcanzado en la vía pública. Se comprobó que los agentes persiguieron al joven y le dispararon sin ningún fundamento, luego fraguaron el informe policial y le agregaron como falsa evidencia un arma calibre 22 y una cantidad de marihuana. Como trágico resultado, el joven quedó parapléjico.
Otro sonado caso fue el que sufrió la joven diseñadora de calzados Tanya Villalba, el pasado 11 de octubre, cuando una patrullera policial con tres agentes de la Comisaría 11ª Metropolitana la interceptaron a bordo de su auto sobre Mariscal López y Madame Lynch, la sometieron a un riguroso control y tras un posterior pedido de coima de 10 millones de guaraníes, según denuncia la víctima, le plantaron 315 gramos de cocaína el su vehículo. Su valiente denuncia logró que el operativo de extorsión quede al descubierto. En este caso se incluyó al propio jefe de la comisaría como cómplice del hecho delictivo.
Igualmente, el 30 de noviembre último se produjo un nuevo episodio, esta vez afectando a un adolescente de 14 años de edad, que tras una discusión con su pareja en el barrio Santa Ana, fue detenido por tres agentes policiales de la Comisaría 21ª Metro, quienes, según la denuncia, le plantaron un arma de fuego y le acusaron de ser un motoasaltante. Los testimonios de su propia pareja y de sus familiares permitieron desmontar el irregular procedimiento y los agentes están imputados por el caso.
Estos lamentables hechos de abuso de poder, en la mayoría de los casos con fines extorsivos criminales y en otros con el objetivo de cubrir y disfrazar los errores cometidos en los procedimientos, a los que se suman varios otros casos ocurridos en ciudades y pueblos del interior del país, solo aumenta la desconfianza de la población con respecto a las fuerzas de seguridad.
La situación se vuelve mucho más grave, porque quienes deben dar protección y seguridad son los que generan temor y se convierten en una amenaza para la propia sociedad.
El sistema de Justicia y los propios responsables de la institución policial deben proceder a investigar y a castigar con toda severidad estos casos, para intentar recuperar la credibilidad ante la ciudadanía.
