Entre las decenas de lectores que dejaron su mensaje de tristeza debajo de la noticia de la renuncia de la fiscala Rocío Vallejo, hubo una respuesta que me impactó por su sencillez y por reflejar lo mismo que yo sentía. Decía, simplemente “Ganaron los malos”.
Durante doce años la fiscala Vallejos logró preservar su imagen de mujer recta y confiable en una de las áreas más sensibles del menos confiable de los poderes del Estado. Sin estridencias mediáticas, se ganó el respeto de la gente al demostrar coraje allí donde otros fiscales titubeaban. No dudó en imputar y mantener sus acusaciones contra varios poderosos del mundo político y judicial.
No crucé nunca una palabra con ella. Solo escuché comentarios de muchos abogados y jueces que reconocen su honestidad y su solidez profesional. Por mi parte, sumé un dato absolutamente intuitivo pero que siempre me dio buenos resultados: ella siempre era recusada por aquellos que tenían una indisimulable cara de culpables.
Rocío Vallejo abandona la Fiscalía de Delitos Económicos cansada de esas recusaciones y por no poder continuar los casos importantes por las dilaciones y maniobras que jalonan los caminos de este reino de la impunidad en que se convirtió el Paraguay. Sorprende que haya durado doce años. La función pública suele desalentar mucho antes a las personas con iniciativas nobles. Habla de un amor infinito a su trabajo. Debe ser cierto, pues en la gestión privada hubiera ganado mucho más.
En los quinchos de aquellos fiscales y jueces a los que les ocurre lo contrario -es decir, los que ganan desde sus cargos públicos mucho más de lo que ganarían fuera del mismo- habrá festejos este fin de semana. Se va una colega incómoda, la que con su actuación ponía en evidencia a abogados chicaneros, fiscales coimeros y jueces cómplices que explican asombrosos enriquecimientos con sueldos de siete millones de guaraníes.
Cuando funcionarios como Rocío Vallejo tiran la toalla por el desaliento, pierde el Ministerio Público, pero también toda la ciudadanía. Agobia reconocerlo, pero esta batalla la ganó la impunidad. Es, desde luego, una lucha desigual. La mafia judicial se hizo casi intocable. La ingenua pretensión de control parlamentario ideada por los constituyentes de 1992, al crear el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, solo sirvió para consolidar la impunidad. Convertidos en órganos de extorsión y de cuoteo partidario respectivamente, esas figuras constitucionales fueron los pilares de una provechosa alianza de inescrupulosos.
El Judicial es el poder más corrupto del país y el principal obstáculo para el desarrollo. La verdadera inseguridad paraguaya no proviene de la violencia. Es la inseguridad institucional, ámbito en el que la corrupción jurídica lidera con comodidad.
Surge entonces una pregunta automática, que genera respuestas imprecisas: ¿Qué se puede hacer para depurar el Poder Judicial de los corruptos? A la vista de los resultados obtenidos por Nicanor Duarte y Fernando Lugo, cambiar a miembros de la Corte Suprema no es suficiente. Una reacción por parte de los partidos políticos parece, cuanto menos, improbable.
Como tantas otras veces, solo resta la gente. La mera gente, capaz de transformaciones formidables cuando se junta y se motiva. No es todavía el caso. Miramos la salida de una fiscala honesta con la misma indiferencia con la nos enteramos de la fortuna absurda acumulada por algún fiscal sinvergüenza de Ciudad del Este.
Sin aplausos para unos ni escraches para otros, seguiremos perdiendo batallas.
