La propuesta de reotorgar las licencias sindicales que habían sido suspendidas por la ex ministra Marta Lafuente surge ahora como posibilidad ante la amenaza latente por parte de los gremios docentes de no iniciar las clases.
Los educadores reclaman aumentos del 10 y el 15% a partir del segundo semestre de este 2018. En contrapartida, el Gobierno ofrece un aumento del 7,7% desde marzo, pero solo para los maestros de aula que cobran menos del salario mínimo.
Además de un incremento salarial del 7,7%, el ministro de Educación, Enrique Riera, dijo que pondrán sobre la mesa otras dos ofertas. La inversión de G. 36.000 millones para el pago del escalafón del educador y, todavía como posibilidad, las polémicas licencias sindicales que hasta mediados del 2014 recibían 124 líderes gremiales. Estos permisos permiten al educador dedicarse enteramente a funciones sindicales sin la obligación de asistir a las aulas.
“Es un tema que se puede discutir, es una posibilidad (para evitar la medida de fuerza)”, ratificó ayer en conferencia de prensa el secretario de Educación, Enrique Riera.
Antecedentes. El 13 de junio de 2014 la ex ministra de Educación Marta Lafuente firmó la Resolución Nº 9726 que suspendía las licencias sindicales para dirigentes gremiales, que permitía que “cobren sin trabajar”, según manifestó en ese entonces.
Esta normativa afectó a 124 sindicalistas de más de 15 asociaciones que fueron obligados a retornar a las aulas o en su defecto a conseguir licencias, pero sin goce de sueldo como ocurría antes de esta medida. “La licencia sindical no significa dejar de trabajar y percibir el salario completo; significa recibir esa remuneración y trabajar en ambas cosas”, declaró Lafuente.
Pero los dirigentes aseguraron que no aceptarán de nuevo las licencias como moneda de cambio para suspender la medida de fuerza prevista.
“Preferimos seguir como estamos (sin licencias) si es que nos condicionan las licencias a cambio de renunciar al incremento del 10 y 15% como estamos planteando”, apuntó el secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-Auténtica), Gabriel Espínola.
Expresó que desde la cancelación del beneficio exigen al MEC la reposición de este beneficio que supone en el presupuesto anual unos USD 1.600.000.
El titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, afirmó por su parte que “dejarán de lado el beneficio para los dirigentes a cambio de conseguir la mejora salarial para todos los asociados”.
Recordó que de todos modos las licencias continúan, pero sin goce de sueldo. Ambas partes se reúnen por tercera vez mañana.