Una resolución adoptada en el 2015 por el Tribunal de Cuentas de Uruguay, que es la entidad contralora del país charrúa, también confirma que la empresa Ramón C. Álvarez mintió al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que se le adjudique la operación de 13 puestos de peajes en las rutas del país.
En una auditoría que realizó el Tribunal a la concesión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, al que accedió este medio, se dejó constancia que el contrato que tuvo Ramón C. Álvarez con la Corporación Vial del Uruguay (CVU) fue desde abril del 2002 hasta setiembre del 2005; es decir, una duración 3 años y 5 meses (ver facsímil).
Mientras tanto, la empresa uruguaya presentó dos notas que “avalaban” que su contrato con CVU fue hasta el 2007, con lo cual acreditó la experiencia que requería para adjudicarse la licitación de los puestos de peajes. El pliego de bases y condiciones de la licitación del MOPC exigía que las empresas interesadas tengan como mínimo contratos de operación y mantenimiento de peajes por al menos USD 5 millones y cuatro años de duración.
“En el ámbito de dicho convenio, el 16 de abril de 2002 se suscribió un contrato referente a la construcción de los puestos de peaje y la recaudación de los mismos, entre la CVU, como contratante y el Consorcio Hernández & González SA - Ramón Álvarez SA en calidad de contratista, cuyo plazo finalizó en setiembre de 2005. A partir de esa fecha, la CVU comenzó a operar en forma directa los puestos de peajes”, reza la resolución del Tribunal uruguayo, al que accedió ÚH.
Vale señalar que Corporación Vial del Uruguay avaló, en un comienzo, una de las notas que presentó Ramón C. Álvarez, con lo cual supuestamente se comprobaba que tenía la experiencia requerida. Esta constancia tiene la firma de la funcionaria Mónica Rodríguez (de fecha 23 de octubre del 2017) y el escrito certificó que la firma tenía un contrato desde el 2002 hasta el 2007 con la CVU. Sin embargo, Rodríguez tuvo que corregir este “error” y advirtió sobre esta situación a las principales autoridades del MOPC, a través de un correo.
A raíz de estas anomalías, Obras Públicas solicitó un informe a la Corporación Vial del Uruguay, vía Cancillería, respecto a los cuestionados documentos que presentó la empresa uruguaya. Mientras tanto, no se firmará el contrato con Concesionaria de Peajes del Paraguay.
Un documento con errores
Otro aval que presentó Ramón C. Álvarez para acreditar su experiencia tiene fecha del 30 de marzo del
2007 y tiene la firma del ingeniero uruguayo Roberto Sandonato. En este documento también se menciona que la empresa charrúa tuvo contrato con CVU entre los años 2002 y 2007. Lo extraño de este segundo escrito es que se indica incorrectamente la denominación de la CVU e incluso la dirección, por lo que se sospecha que podría tratarse de un documento falso. Este hecho también ya se está indagando en Uruguay.