En internet puede verse el documental titulado 970, de la productora colombiana Victoria Solano; allí vemos cómo autoridades policiales confiscan setenta toneladas de arroz de los agricultores de Campoalegre, que destruyen en un basurero. ¿Por qué?
Porque, de acuerdo con el tratado de libre comercio (TLC) firmado por Estados Unidos y Colombia, a Colombia le compete proteger los derechos de propiedad de empresas norteamericanas (Monsanto, Dupont), impidiendo el uso indebido de las semillas fabricadas por ellas.
De acuerdo con el mismo TLC, Colombia debe garantizar también la calidad de las semillas utilizadas en su territorio; asumiendo el compromiso, el Ejecutivo dictó la Resolución 970 (de ahí el título del documental). Al aplicar la 970, supuso que los campesinos habían utilizado semillas pirateadas o de pobre calidad y destruyó la cosecha.
Las confiscaciones de más productos agrícolas en el país provocaron grandes protestas; la Corte Constitucional dejó sin efecto la 970.
Algo parecido pasó en Guatemala, después de la firma de un TLC: las autoridades confiscaron semillas y productos agrícolas. Una ola de protestas hizo que se aboliera la ley que ordenaba las confiscaciones, que popularmente se llamaba “ley Monsanto”. Por cierto, Monsanto no era la única empresa vendedora de semillas transgénicas certificadas, pero sí era la empresa más conocida y una protegida de la ley, que presumía la culpa de los campesinos.
En Chile y la Argentina hubo protestas contra disposiciones similares (ver en internet “Campesinos latinoamericanos se rebelan contra el poder de Monsanto y la privatización de las semillas”), que también causaron malestar en países de África y Asia.
Son disposiciones que suelen acompañar la firma de los TLC, con mayor o menor rigor: multas elevadas, confiscación de bienes, cárcel. Si así se pretende proteger a las multinacionales, que controlan el mercado comercial mundial de las semillas (seis empresas venden más del 60% de las semillas), se toma la tarea en serio.
Pero existe un sector no integrado a ese comercio internacional, el de los pequeños agricultores.
Según un estudio, El gran robo del clima (disponible en internet), de la oenegé Grain, esos agricultores tienen el 25% de la tierra cultivada, pero alimentan al 80% de la población mundial, y desarrollan una labor menos lesiva para el medioambiente y más productiva que la del latifundio.
Las semillas que utilizan son las que han guardado de cosechas anteriores, las que han intercambiado o comprado de sus vecinos de la comunidad.
Una aplicación estricta de las leyes impulsadas por los TLC los convertirá en compradores forzados de las semillas de las multinacionales, que no sería ni justo ni conveniente para permitir la superación del hambre en el mundo.
