En la concesión para la tala de más de 200 árboles, para permitir la ampliación de la ruta 7, a tres concejales del municipio de Juan E. O’Leary no solo hay buenas ganancias, sino también historias que rayan lo absurdo, como la que está viviendo un frentista.
Ismael Amarilla reside en Ciudad del Este, pero cada fin de semana suele trasladarse a O’Leary, de donde es oriundo y donde es propietario de un terreno.
Este vecino fue denunciado recientemente en el Juzgado de Paz de O’Leary por el concejal Gerardo Cáceres (PLRA), por el supuesto “robo” del tronco de un árbol.
Última Hora contactó con Amarilla, quien relató el motivo del altercado judicial. Según su relato, él se encontraba en Ciudad del Este cuando Cáceres derribó varios árboles frondosos que estaban enfrente de su terreno.
Al enterarse por los vecinos de que el concejal se encontraba echando los árboles que se hallaban en las adyacencias de su lote, inmediatamente se trasladó hasta el lugar para tratar de impedirlo. Pero llegó muy tarde.
Entre 10 y 15 árboles que estaban enfrente de su propiedad fueron derribados por el edil y llevados en camionadas, indicó Amarilla. Pudo “rescatar” el tronco de uno de los árboles, metiéndolo a su propiedad, motivo por el que terminó siendo denunciado.
Amarilla lamenta que los concejales estén lucrando con los árboles que los mismos pobladores plantaron y cuidaron a lo largo de los años.
“Nosotros somos frentistas, son de nosotros esos árboles”, manifestó, al tiempo de señalar que con prepotencia los ediles llegan hasta las propiedades de los frentistas y sin exhibir documentación alguna que los avale derriban los árboles.
“Los árboles, que eran grandes para aserrar, llevaron todos y de los que no son grandes hicieron leñas (...)”, manifestó.
“Imagínate si yo me voy a echar un árbol de enfrente de tu casa, me vas a denunciar. Yo quisiera ir a echar también un árbol de enfrente de su casa (del concejal), igual me va a denunciar”, agregó.
Comentó que inclusive fue hasta la parroquia local San Antonio de Padua, a donde supuestamente debían destinarse los árboles derribados para hacer bancos, por ejemplo, o parte de las ganancias de las ventas de la madera. Pero se le informó que nada se había recibido de parte de los ediles.
Finalmente cuestionó al consorcio Tape Porã, que tiene a su cargo los trabajos de duplicación de la ruta 7, por ni siquiera haber notificado a los frentistas de que los árboles iban a ser derribados y quiénes debían encargarse de la tala.
Los concejales de O’Leary Gregorio Melgarejo, Everaldo Acosta y Gerardo Cáceres, avalados por una autorización del intendente Francisco de Jesús Amarilla (PLRA), del 15 de noviembre del año pasado, se encargan de derribar los árboles que se encuentran en el área de la franja de dominio público del MOPC, que será afectada por la duplicación de la ruta 7.
Más de 200 árboles de distintas especies deben ser echados en esta ciudad, según se aprecia en la autorización.
En ninguna parte del escrito se autoriza a los ediles a comercializar la madera de los árboles, que es lo que hoy se encuentran realizando.