24 abr. 2024

Reformas laborales en el Mercosur

César Barreto Otazú Economista, directivo de Dende.

En el mes de julio, el gobierno del presidente Temer logró la aprobación de cambios a las leyes laborales por parte del Congreso brasileño, una de las reformas necesarias para mejorar la competitividad de las empresas brasileñas, incrementar la inversión privada, reactivar la alicaída economía e ir reduciendo la tasa de desempleo que alcanzó niveles del 13% de la fuerza laboral.

Las reformas aprobadas incluyen en sus puntos principales: La flexibilización de las negociaciones salariales priorizando las negociaciones por empresa por encima de los sectoriales y posibilitando la negociación con representantes de trabajadores sin que estos sean necesariamente sindicales. Además se redujo el periodo de preaviso, se flexibilizan las condiciones de tercerización incluyendo tareas relacionadas con la actividad principal de la empresa y reglamentaron el teletrabajo como nueva forma de contratación laboral.

De la misma manera, el gobierno del presidente Macri presentó recientemente un proyecto de ley de reforma laboral con el objetivo de incrementar la competitividad de la economía, formalizar el elevado nivel de empleo informal que existe y reducir los costos previsionales que actualmente enfrentan las empresas en la contratación de trabajadores formales.

Los puntos principales de reforma incluyen aspectos como: Un periodo de blanqueo de trabajadores, una reducción de los aportes previsionales y de las indemnizaciones por despido; la posibilidad de que las empresas puedan aportar a un fondo de indemnizaciones laborales y la eliminación de la solidaridad de la empresa contratante en contratos de tercerización y subcontratación laboral, entre otras cosas.

Estas reformas representan un enorme desafío para nuestro país porque las relaciones laborales en los países vecinos tendrán mayores márgenes de flexibilidad para las empresas, lo que hasta ahora es favorable para nuestro país. De hecho, una de las variables de interés para las empresas brasileñas y argentinas para instalarse en nuestro país se basa en la relativa menor rigidez y menor costo que representa el régimen laboral vigente actualmente en nuestro país versus el vigente en nuestros vecinos.

Con estas reformas en los países vecinos, la necesidad de una modernización y flexibilización del código laboral en nuestro país se vuelve imperativa para sostener un mercado laboral competitivo en el Mercosur y seguir creciendo, atrayendo inversiones productivas, formalizando las relaciones laborales e incrementando la creación de puestos de trabajo en los próximos años.

Algunos de los aspectos del código laboral que requieren de una modificación para mantener niveles razonables de competitividad y que representan una barrera para la formalización son los siguientes: posibilitar la terminación de los contratos laborales de manera unilateral incluso para aquellos trabajadores con más de 10 años de antigüedad; reducir los periodos de preaviso a un máximo de 30 días; posibilitar negociaciones salariales con representantes de trabajadores no sindicales; permitir reemplazos de trabajadores en periodos de huelga; fijar como máximo el periodo de vacaciones en 30 días corridos; y reducir el salario mínimo para aquellos sectores de menor productividad y para aquellas empresas con menos de 50 trabajadores, etc.

Adicionalmente, una innovación muy interesante es la incorporada en la propuesta de reforma argentina que es la creación de un Fondo de Indemnización Laboral que reemplace a la indemnización en caso de despido de un trabajador, voluntario para las empresas con aportes deducibles del impuesto a la renta. De esta manera, las empresas pueden transparentar el pasivo laboral con este mecanismo y los trabajadores tendrán la seguridad de percibir la indemnización en caso de despido.

El nivel de integración económica que tenemos con Argentina y Brasil es importante y la economía paraguaya es pequeña. La regulación laboral es un factor crítico para seguir siendo competitivos y crear empleos. El Gobierno, los empresarios y los trabajadores deberían tomar nota de estos cambios regulatorios en la región y adaptarse rápidamente.

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