El ex contralor, acusado por supuesto cobro indebido de honorarios, estafa e inducción a un subordinado a hecho punible, había recurrido la resolución del juez que le fijó la audiencia preliminar.
El magistrado había fijado las audiencias para todos los procesados, entre ellos, la del ex contralor, pero en diferentes fechas.
Con ello, el encausado había apelado la resolución y pidió que la importante diligencia donde se decide si el caso pasa o no a juicio oral, debía hacerse en un solo acto y no en forma separada.
En la audiencia ante el juez, la defensa argumentó que según el Código Procesal Penal, la audiencia preliminar debía hacerse en un solo acto y no en forma separada como lo dispuso el juez.
Sin embargo, el magistrado, al rechazar el recurso de la defensa, sostuvo que cada acusación es independiente y personal.
Además, dijo que si bien la ley prevé que sea en una sola diligencia, igual se puede realizar en forma individual.
Con ello, rechazó el recurso propuesto por la defensa. No obstante, concedió la apelación en subsidio, con lo que quedaron suspendidas las preliminares fijadas para los catorce acusados.
No obstante, se realizan las audiencias para los procesados que tienen pedidos de suspensión condicional del procedimiento para los encausados.
SUSPENDIDAS. Quedaron suspendidas las preliminares de los acusados Roberto García Gaona, Luisa Almada Irala, Celia Cardozo Ríos, Reinaldo Eduardo Gadea, Horacio Coelho de Souza y Alicia Acevedo González.
También de los encausados Liz Paola Duarte Meza (conocida como la secretaria vip), Richard David López Benítez, Leonardo Ariel Núñez Jara, Pedro Francisco Jara Cassa, Hugo César Medina López y Ana María Monges Rejala.
También alcanza para la ex subcontralora, Nancy Torreblanca, y obviamente, para el ex contralor Óscar Rubén Velázquez.
La investigación de Última Hora había puesto al descubierto las autorizaciones del contralor y la subcontralora, del pago irregular de salarios y horas extras a funcionarios que no acudían o bien no contaban con títulos universitarios requeridos para sus cargos, con un perjuicio de G 1.121.319.953.