La administración que dirige Horacio Cartes tiene la necesidad de impedir que se conozca la verdad de lo ocurrido en la noche del 31 de marzo (31M) y la madrugada del 1 de abril (1A) de 2017 y para lograrlo insiste en dos cosas: Primera, en que los fiscales encargados del caso obstruyan efectivamente la investigación penal y, segunda, en presentar hechos falsos para justificar su conducta, que costó la vida a Rodrigo Quintana.
Empiezo por lo segundo. Explicaba la posición de Cartes en Sin Límites (domingos, 21.00, Red Guaraní, canal 2 de TV abierta, 6 de TigoStar) el ex fiscal general del Estado, Óscar Latorre, defensor del comisario Tomás Paredes Palma.
Los policías que intervinieron en el asalto al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), decía Latorre, actuaron sin orden jerárquica y con autonomía porque estaban ante un hecho flagrante, la persecución de los supuestos incendiarios del Congreso que, según él, se refugiaron en la sede partidaria.
El Dr. Latorre respalda la supuesta flagrancia en que cinco de los detenidos en el PLRA fueron identificados en la sede del Congreso.
En el mismo programa, Guillermo Duarte, abogado de la familia de Rodrigo Quintana, explicó que los circuitos cerrados de cuatro empresas diferentes muestran que no hubo tal persecución y, por tanto, desmienten la supuesta flagrancia de la que habla Cartes.
Los circuitos cerrados registran hechos.
Aquí entra la primera cuestión. El registro de hechos muestra que no hubo flagrancia, luego la operación policial se realizó de acuerdo al esquema que nuestra Constitución y las leyes establecen para la Policía: Jerarquía, verticalismo, obediencia, no deliberación.
La Fiscalía no logró impedir que esos circuitos cerrados fueran precautelados, como no logró impedir que aparecieran los del PLRA echando por tierra la cronología y el relato que Cartes pretendió instalar en los primeros momentos tras el asesinato de Rodrigo Quintana.
Si no hubo flagrancia, hubo una orden, un plan de operaciones, instrucciones; el asalto al PLRA fue dispuesto de arriba para abajo y el que dio la orden, el que diseñó el plan, el que impartió las instrucciones, tiene responsabilidad en el asesinato de Rodrigo.
El propio Dr. Latorre explicó, en el programa mencionado al principio, que si hay indicios de esa orden, y los hay aunque el ex fiscal general los minimizó, el cruce de llamadas entre Cartes y su entorno y los jefes policiales involucrados en el asalto al PLRA es pertinente, necesario y debe investigarse.
Era obvio que el Dr. Latorre no pondría su seriedad en riesgo para sostener el disparate que sostuvo la fiscala Raquel Fernández para obstruir la investigación desechando el cruce de llamadas: “Investigar el cruce de llamadas es morbo”. Nadie digno lo haría. Solamente los fiscales sometidos a Cartes se atreven a dañarse de ese modo a sí mismos.
Al obstruir la investigación penal de un modo tan burdo, tan evidente, tan abiertamente violatorio de su obligación de llegar a la verdad, la fiscala Fernández no hizo más que confirmar la existencia de un propósito de encubrir a Cartes y a su entorno en lo relacionado a los hechos del 31M y 1A.