En el curso de la campaña electoral en marcha, se van anunciando los cambios constitucionales que impulsarán las fuerzas políticas en pugna durante el periodo 2018-2023 y esos anuncios nada bueno indican. Presagian cosas muy malas.
No por ser el único, sino por ser el más abordado por los candidatos. Quiero referirme al tema de sistema Consejo de la Magistratura (CM) y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
El CM y el JEM fracasaron rotundamente en nuestro país, y en todos los países donde existen institutos equivalentes, porque convierten a las partes en sus propios jueces. Y no se puede ser juez y parte sin obtener corrupción como resultado.
Los políticos, que son los principales sujetos de investigación y vigilancia en una democracia funcional por la razón de que administran el dinero de todos, el dinero del pueblo, no pueden ser los que definen el funcionamiento del sistema judicial que debe vigilarlos. Ser juez y parte es el camino a la impunidad y la corrupción.
Pero lo mismo ocurre con los jueces y fiscales. No pueden ser juez y parte como reclaman serlo las asociaciones de magistrados y numerosos políticos que quieren cambiar las apariencias para que no cambie la sustancia.
Los sistemas corporativos de vigilancia, como los colegios profesionales con fuerza coercitiva o como los magistrados vigilando a los magistrados, no funcionan correctamente en ningún país del mundo y en todos los que existen generan impunidad y corrupción.
Los jueces y fiscales deben ser nombrados por los políticos que tengan representación popular, pues en las democracias la justicia emana del pueblo, pero en procesos abiertos a la vigilancia pública en un cien por ciento, al contrario de lo que el CM hizo para integrar la terna para fiscal general del Estado. Las universidades, los gremios profesionales y la Corte Suprema nada tienen que hacer en esa etapa. Su presencia en el CM es una rémora del fascismo (Estado corporativo) que debe ser eliminada. Solo los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben participar en este proceso. Nadie más.
Hay que eliminar también el tristemente célebre proceso de confirmación cada cinco años. Los magistrados deben ser nombrados para durar diez o quince años en el cargo sin posibilidad ni derecho a ser reelegidos. Este proceso de confirmación quinquenal es uno de los que someten a fiscales y jueces a la férula de los políticos.
Y los jueces y fiscales no pueden ser juzgados por los políticos a los que deben vigilar, investigar y enjuiciar porque si ello ocurre se repite el esquema que convirtió a Óscar González Daher en un intocable todopoderoso. Ni pueden juzgarse a sí mismos sin generar impunidad y corrupción. Ni pueden juzgarlos los abogados, que litigan ante ellos, con ellos o frente a ellos sin el mismo efecto.
El enjuiciamiento de magistrados debe ser oral y público, en primer lugar. No mediante el sistema inquisitorial que usan ahora para encubrirse con el secreto. Los casos deben juzgarse en el estricto orden en que llegan, públicamente registrados, no como ahora que González Daher decide en privado cuáles casos cajonear y cuáles activar. Un juez debe dirigir el juicio, para asegurar la legalidad del procedimiento, pero no es él el que debe dictar la sentencia, por lo de juez y parte corporativo. Un jurado popular integrado por sorteo entre ciudadanos comunes para cada caso, como los jurados norteamericanos, es el que debería sentenciar.
Los ciudadanos debemos estar alertas, porque quieren volver a engañarnos los que deben mantener sus privilegios, su impunidad y su corrupto modo de vida con cambios cosméticos que disfrazan la continuidad del sistema.