Cuando el general Rodríguez se disfrazó de demócrata intentó hacer bien las tareas: convocó a una constituyente, de donde salió una nueva Constitución que no dejó un pelo sin hebilla. Casi todos los derechos de casi todos están contemplados. Hay que decir casi porque casi nadie se quedó sin “su” artículo protector y siempre habrá alguien que no se sienta debidamente incluido, aunque sea en las letras.
Hasta se intentó garantizar a la misma democracia con el no rotundo a la reelección presidencial. Pero un cuarto de siglo después esta consigna ya no se ve tan necesaria. Incluso muchos –sin ser cartistas ni luguistas– pensamos que hasta sería saludable permitir a un presidente que gobierne más de un mandato.
Así que la furia de tantos demostrada aquel último viernes negro de marzo no está en la enmienda, la reelección, el referéndum o cualquier otro mecanismo –trucho o legal– que permita a Cartes, a Lugo, a Nicanor y hasta al mismísimo Lucho volver a blandir el bastón del doctor Francia.
La molestia de muchos pasa por el procedimiento: querer forzar un arreglo de la Constitución que más se parece a un trato apu’a que a un planteamiento serio y pensado.
Más allá de este debate circunstancial, el origen de la crisis está instalado desde el día en que comenzamos a respirar los aires de la democracia. El verdadero enojo ciudadano es hacia la misma clase política. Somos una ciudadanía cansada de ver cómo un concejal de Ñati’û Cartera tiene más privilegios que un aportante de IPS con 30 años de antigüedad.
Estamos cansados de las niñeras de oro, los caseros de oro, los fotocopiadores de oro y las hadas madrinas de oro.
Y aquí tenemos tres clases de ciudadanía: los más vivos que se amistan con los seccionaleros (de cualquier partido) para conseguir un puestito, una licitación o un negocio’i; los de segundo piso que aceptan el moderno vaka’i con caña transformado en Niko con galletas; y los teletubis, que son todos aquellos que simplemente quieren que las leyes se cumplan en igualdad de condiciones para todos y que alguien inicie algún día un camino hacia políticas públicas que contemplen aunque sea el 1% de los más de 300 artículos de la Constitución Nacional, que habla desde el derecho a tener un lugar propio donde caerse muerto, hasta la garantía de calidad de vida.
Pero hoy, seguramente, volvemos a calentar motores para hablar de la reelección, que beneficia a cinco personas. Mientras tanto, los 6 millones de ingenuos vamos a seguir esperando que el Conejo de Pascua nos garantice nuestros derechos o, mejor, se lleve a esta manga de avivados que hacen de la política un negocio.
