Por Claudia Merlos y César Larré
Solamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) manejó el millonario fondo destinado al Programa de Modernización de la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios (Pagro), consistente en USD 35 millones.
Gran parte de este monto –USD 31 millones– fue obtenido a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el resto fueron fondos del MAG. El dato fue confirmado por Alba Esteche, actual directora de la Dirección Nacional de Administración y Coordinación de Proyectos (Dincap), dependencia del MAG que administra el Pagro. No obstante, aclaró que asumió a partir de enero de 2016, cuando el programa ya estaba en su etapa final.
De hecho, estuvo a su cargo la evaluación de parte del programa, que a todas luces es un sistema que beneficia más a las empresas que a los mismos campesinos.
ÚH constató que el programa tuvo un importante grado de incumplimiento en el Departamento de Paraguarí.
En las localidades de Ybycuí, Mbuyapey y Acahay, una misma empresa, 24 de Junio, se encargó de aplicar el programa, y recibió por ello G. 1.681.875.000. Los campesinos denunciaron que la empresa hizo la asistencia a medias.
Sin embargo, la sanción eventual por el incumplimiento es mínima. Esta y otras empresas se salvan, porque las sanciones establecidas por resolución del MAG solamente contemplan el descuento del mismo porcentaje que incumplieron, explicó Esteche.
Entre el 2015 y el 2016, veinte de las 43 empresas evaluadas fueron sancionadas. Es decir, solamente recibieron el pago por lo que hicieron. La firma 24 de Junio no fue sancionada, confirmaron los directivos de la empresa.
“El manual operativo contempla que si no se hace el trabajo, no se paga”, dijo Esteche. Ni siquiera se considera algún tipo de castigo por daños. Tampoco el Ministerio Público ha intervenido.
Hoy día todas las empresas están perfectamente habilitadas para cualquier licitación con el Estado, o para cualquier otra operación, debido a que el incumplimiento tuvo una sanción insignificante, pese a haber perjudicado a cientos de campesinos.
Otro aspecto llamativo del programa es que el MAG era el que directamente “habilitaba” a las empresas encargadas de hacer los trabajos a través de resoluciones. Se prescindió de la Dirección Nacional de Contrataciones en todos los casos.
De acuerdo a documentos del MAG, este programa se aplicó en Cordillera, Misiones, Paraguarí, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Central, Itapuá, San Pedro, Concepción y Presidente Hayes.
Esteche reconoció que, tras realizar las evaluaciones desde que asumió en enero de este año, detectaron varias irregularidades. Aseguró que se aplicaron las sanciones correspondientes.
La funcionaria se comprometió a acercar la lista de empresas que no cumplieron con las normas establecidas como parte del programa y el monto que se les descontó como sanción por el incumplimiento.
El programa se llevó a cabo desde el 2011, con las administraciones de Enzo Cardozo, quien hoy es senador por el PLRA, y el ex ministro colorado Jorge Gattini, ambos salpicados por varios casos de corrupción en la institución.