Un multimillonario devenido en presidente de la República genera problemas por la relación entre sus propios intereses y los del Gobierno. Trump preocupa en Estados Unidos. Cartes, en Paraguay, no despierta ansiedad, quizás porque nuestra corrupción es mucho más tosca que el sutilmente indebido acceso a información privilegiada.
En realidad, sutil es un adjetivo inadecuado. Hubo poca sutileza en la presión de los empresarios tabacaleros –Tabesa es propiedad del presidente– a los parlamentarios durante el debate de la ley sobre el impuesto al tabaco. Mucho menos la hubo en la fresca concesión al consorcio Tape Porã –uno de cuyos dueños es el padre de su ministro de Obras Públicas– de una muy rentable duplicación de rutas. Así, el primer proyecto de la promocionada alianza público-privada ya nació con tufo a privilegio.
Hasta allí, nada que sorprenda. Pero ahora empezamos a superar las fronteras de la desfachatez. Resulta que Juan Carlos López Moreira, coordinador de la política energética del Paraguay, es también accionista de la principal empresa privada que busca petróleo en el Chaco. La incompatibilidad es tan obvia que suena a burla atroz que el viceministro de Minas y Energías, Mauricio Bejarano, no observe ningún conflicto de intereses en el caso. Los malpensados de siempre apuntaron que el Estado concedió una ampliación del plazo de explotación a dicha firma. Otras, que pidieron lo mismo, recibieron un ¡no! como respuesta.
Este funcionario tan influyente, López Moreira, es también uno de los dueños de Royal Seguros, una firma recientemente creada y con pobre calificación en el mercado que, meteóricamente, consiguió 35 codiciados contratos de empresas adjudicadas por el Ministerio de Obras. Sí, Ministerio dirigido por Ramón Jiménez Gaona, el hijo del ganador de aquella increíble concesión de la ruta VII por treinta años. Malpensados, abstenerse de opinar.
Otro de los Cartes-gerentes, Francisco Barriocanal, fue nombrado consejero económico del Gobierno. Había sido que era uno de los propietarios de la empresa Aqua Group, lo cual no tiene nada de malo. El mal olor se origina en un dato revelador: en los dos últimos años la empresa triplicó sus lucros gracias a ganar doce licitaciones del Estado. Malpensados, ya no sé qué decirles...
Pongámoslo así. Antes de ser funcionarios, esta gente era gerente. Y eran buenos en su métier; de lo contrario, Cartes no los hubiera contratado. Ahora son funcionarios, pero piensan como gerentes del mundo privado. Como tales, serían idiotas si no utilizaran la información y la influencia que tienen desde el Estado para beneficiar a sus empresas. Solo que en la esfera pública eso es ilegal. Repito: Nada de eso me sorprende.
Lo asombroso es la falta de reacción de la oposición, que no denuncia estos abusos ni saca ventajas políticas de este enorme escándalo.
