Durante el estudio del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2017 (PGN 2017) el presidente Horacio Cartes no pudo controlar a sus correligionarios colorados y terminó vetando el proyecto de gastos estatales, tras haberse aprobado aumentos salariales para los funcionarios.
Ahora que asumió la conducción de la campaña política de Santiago Peña con miras a las presidenciales de 2018, ¿volverá a poner freno a las apetencias partidarias, al voto duro del funcionariado público que le costó la caída del poder al Partido Colorado en el 2008?
El propio presidente de la República ubicó a varios leales en entidades públicas (como supuestamente es el caso del hijo de su piloto en Itaipú).
De hecho, el Ministerio de Hacienda elevó –en silencio– el salario de sus funcionarios, y varias instituciones volvieron a reponer beneficios disfrazados con otros nombres menos llamativos para la ciudadanía.
La Cámara de Diputados ya comenzó abriendo la canilla con la aprobación de un ajuste salarial del 10% para los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Si el Senado aprueba el incremento, ¿será vetado por el Poder Ejecutivo?
La verdadera cara de la apetencia político partidaria con miras a las elecciones internas y luego las generales se verá durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2018.
La Ley de Responsabilidad Fiscal establece en su artículo 9 que en años de elecciones generales y municipales, el gasto corriente primario de la Administración Central entre los meses de enero y julio no será mayor al 60% del Presupuesto aprobado para ese año, excluyendo al Poder Judicial de esta restricción.
Por ello, serán el Congreso Nacional primero, y el Poder Ejecutivo, después, los principales responsables de velar porque esta normativa se cumpla.
El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen la responsabilidad de cuidar que el dinero estatal sea bien direccionado y bien utilizado.
Por eso será primordial seguir el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2018 por parte de ambas cámaras del Congreso.
Los legisladores necesitan entender que si bien hay funcionarios con probada capacidad que deberían ganar más, estos son los menos. Es necesario que empiecen a pensar en serio en la educación, la salud y la seguridad.
Los alumnos de colegios estatales están dando una muestra de civismo al exigir que sus derechos de educación se cumplan. Es de esperar que los parlamentarios tomen nota del reclamo y mejoren el presupuesto de este sector.
Las autoridades deben entender que se precisa un presupuesto con enfoque social. La prioridad de los gastos del Estado debe estar orientada al bienestar de la mayoría. Es hora de que los hacedores de leyes y responsables de aplicarlas se den cuenta de esto.