Indicó que con el ajuste que será solventado con lo destinado al pago de intereses por la ejecución de obras aprobadas bajo la Ley 5074/13 (de llave en mano), el fisco podría verse en la necesidad de solicitar una ampliación presupuestaria el próximo año.
El ajuste aprobado regirá de julio a diciembre del año próximo, lo que tendrá un costo de G. 160.000 millones (USD 28,2 millones), y alcanzará a poco más 121.000 estatales.
Si bien la comunicación oficial sobre la decisión de la Bicameral aún no llegó a Hacienda, en la cartera fiscal ya comenzaron a analizar el impacto que tendrá esta decisión de ser ratificada en las cámaras de Diputados y Senadores. Ello, atendiendo a que quienes propusieron estos ajustes son legisladores del partido de gobierno.
Ramírez calificó de positiva la decisión de que se respete el tope de gastos planteado por el Poder Ejecutivo al proyecto de Presupuesto 2017. La propuesta es que el plan de gastos del próximo año no supere los G. 69,1 billones (USD 12.186 millones).
“Voy a sonar repetitivo, pero implica una mayor rigidez al gasto. Por otro lado, el otro componente sensible para nosotros es si se mantiene dentro de los topes, digamos que podríamos manejar”, refirió.
RATING. Consultado si la decisión de la Bicameral de dejar sin fondos el pago de intereses por obras a ser adjudicadas al sector privado bajo la Ley 5074/13 (Llave en mano) podría desincentivar a empresas a participar de licitaciones públicas, Ramírez consideró que no. “Nosotros tenemos un buen ráting en materia crediticia y de credibilidad”, aseguró.
El viceministro comentó que la firma de contrato –en caso de una eventual adjudicación de la reconstrucción de la Ruta Transchaco– por parte del Estado ya implica un compromiso de pago.
“Más allá de un arreglo presupuestario de cómo vamos a hacer frente, obviamente cualquier pago debe estar contemplado en el Presupuesto. El Estado paraguayo tiene la credibilidad de los inversores, está más que demostrado. No creo que venga un riesgo por ese lado”, insistió.
Ramírez refirió también que la preocupación aumenta para el Tesoro si el ajuste salarial rige desde enero del próximo año, ya que el costo anual será de G. 320.000 millones (USD 56,4 millones). Agregó que si esto se da, deberán aplicar el Plan Financiero al Presupuesto 2017.