En la nueva causa, a cargo del agente fiscal Martín Cabrera, se encuentra imputado por los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y estafa en grado de tentativa, el ex funcionario público y ex director de la Dirección de Inversiones Rurales del Fondo De Inversiones Rurales Para El Desarrollo Sostenible (Fides), Santiago Vicente Ochipinti Beterette.
Por lo mismo, fue imputado el funcionario de la asesoría legal del Fides, Fredy Librado Velázquez Agüero. En tanto, la presidenta de la denominada Fundación Oriente, Liliana Esperanza Fernandez Villagra, está procesada igualmente por estafa en grado de tentativa. Para todos se pidió la prisión preventiva.
casO. La investigación inició en octubre de 2016. Según los datos, la Fundación Oriente aparentemente pidió fondos que financien proyectos para el abastecimiento de agua potable y red de distribución domiciliaria para el beneficio de 162 familias de asentamientos en Canindeyú.
El proyecto y presupuesto presentado por la fundación supuestamente fue viable, mediante la aprobación del Ochipinti, en ese entonces Director de la Dirección de Inversiones Rurales del Fides, con la verificación técnica de Velázquez, ex jefe de Asuntos Legales de la referida dependencia del Indert.
En principio, la referida onege solicitó el financiamiento del presupuesto para los asentamientos, Copagro del distrito de Corpus Cristi, y San Isidro, San Jorge y María Auxiliadora del distrito de Francisco Caballero Álvarez, todos de Canindeyú. Posteriormente, desistió de dos de estos asentamientos.
dudas. Fernández habría incurrido en ciertas irregularidades a fin de obtener la firma del convenio, mientras que los funcionarios Ochipinti y Velázquez, habrían sido los responsables de la verificación y análisis de documentaciones.
Según el acta de imputación, la fundación Oriente presentó como oferta más conveniente para la ejecución de las obras a la empresa R.G.C. Construcciones, por el monto de G. 1.260.746.801. Es así como se dio inicio al proceso del primer desembolso consistente en G. 756.448.081, equivalente al 60 por ciento del monto total requerido a favor de la fundación, el cual luego fue rechazado por Administración y Finanzas de la institución estatal, debido a que la organización no gubernamental habría tenido otro pedido de pago por parte de otra entidad del Estado. Esto lo habría inhabilitado para percibir otro monto en el mismo periodo, de acuerdo a un informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda.
Siguiendo el curso de la investigación, hallaron que dos de las constructoras presentadas como oferentes para el proyecto, Constructora Aquino y Construcivil, serían empresas inexistentes. Además, descubrieron que la firma adjudicada figura en papeles en un lugar deshabitado hace más de diez años.
