Cada tanto este diario acostumbra hacer un recuento de los procesos penales a políticos, altos funcionarios y otras personas de la fauna local que ostentan cierto poder.
En su mayoría se trata de causas por presuntos hechos de corrupción como coimas –generalmente registradas con cámaras ocultas– o desvíos de millonarias cantidades de dinero destinadas a los sectores más vulnerables, como indígenas o comunidades campesinas. Son (presuntos) delincuentes de guantes blancos, ni más ni menos.
Haciendo un repaso de este tipo de publicaciones en los últimos años, podemos ver cómo la lista de procesos a políticos fue creciendo considerablemente, en gran medida porque las mismas caras se repiten año tras año. Sus procesos se alargan, se dilatan y, en la mayoría de los casos, terminan con extinciones, prescripciones o con exiguas condenas. Aún son muy pocos los casos donde la Justicia paraguaya sancionó ejemplarmente a los corruptos.
No hay que perder de vista ciertas situaciones positivas, motivadas directamente por la salida de la ciudadanía a las calles: ahora mismo hay cuatro parlamentarios activos procesados en casos de corrupción, algo impensable algunos años atrás.
Uno de ellos, el diputado colorado José María Ibáñez, está procesado por hacer figurar como funcionarios del Congreso a tres empleados de su quinta personal. De esta forma, el legislador se ahorró tener que abonar salarios a sus caseros y dejó que el Estado se haga cargo del pago. Ibáñez ya pidió perdón a la ciudadanía y ofreció devolver todo el dinero para evitar un juicio oral y ser beneficiado con una salida alternativa que lo deje sin antecedentes penales.
Ojalá este año descubramos si la misma justicia que mantiene a más de 12.000 personas presas en todo el país –casi el 80 por ciento de ellas aún sin condena– es igual de implacable cuando se trata de un diputado como Ibáñez o un senador como Enzo Cardozo, acusado por el desvío de más de 70.000 millones de guaraníes destinados a la asistencia de comunidades agrícolas durante su gestión como ministro de Agricultura.
Esperemos que estos casos y los del senador Víctor Bogado y el diputado Óscar Núñez no sigan el mismo camino que los procesos a otros políticos, quizás un poco más viejos, como Juan Carlos Bottino, ex gobernador de Ñeembucú, o Juan Martínez, ex intendente de Lambaré. Ambos fueron procesados hace más de siete años y ni siquiera enfrentaron aún un juicio oral y público.
El gran desafío de la Justicia paraguaya este 2016 es demostrar que está a la altura de los nuevos tiempos. Si en los últimos tres años la transparencia y las imputaciones a parlamentarios y ex ministros fueron la constante, este año debe ser el de las condenas a todos aquellos políticos que engrosan las secciones judiciales de los diarios.
