El congresista detalló que en el lado argentino se realiza la fiscalización de las cuentas, a través de la entidad Ebisa y con el concurso de la Auditoría General de la Nación. Según el Anexo A del Tratado de Yacyretá, en su artículo 18, se establece que se ejercerá la fiscalización contable a través de la ANDE, indicó Saguier. En consecuencia, Paraguay como Alta Parte Contratante debe auditar los registros contables y cuadro de resultados correspondientes.
El contralor Enrique García se encontraba de viaje, pero el senador espera que pueda encomendar a su equipo el trabajo requerido.
Vale remarcar que a la Contraloría paraguaya le ha sido extremadamente difícil acceder a los documentos respaldatorios de Yacyretá para poder hacer un estudio profundo de los números.
El ex contralor Octavio Airaldi manifestó recientemente que, durante su administración, se había logrado el mayor acceso a los reportes pero que nunca se pudo efectuar una auditoría profunda, dado que los argentinos siempre se negaron a otorgar los balances que se encuentran en Buenos Aires.
Añadió que cuando aceptaron entregar los papeles, estos solo demostraban una ínfima parte de todo el dinero que Argentina había recibido y gastado con relación a Yacyretá. Lo máximo que se controló fue un periodo de tres años, pero otorgaron reportes limitados, apuntó.
NOTA REVERSAL. Fuentes de la EBY informaron que ya está totalmente redactada la Nota Reversal que modifica el Anexo C del Tratado e introduce las disposiciones acordadas entre los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri, en mayo pasado.
El documento, que actualmente se encuentra en la ANDE para su verificación, sería presentado en agosto. La intención del Poder Ejecutivo era introducir la Nota Reversal cuando esté conformada la nueva mesa directiva de la Cámara de Senadores, había comentado el canciller Eladio Loizaga.
Se esperaba un momento de relativa calma considerando que, a priori, el Gobierno no contaba con los votos suficientes para aprobar el documento. De hecho, si solo se consideran los votos cartistas, llanistas y oviedistas, apenas se contabilizan 21 votos y faltarían dos más para poder darle luz verde a la nueva disposición de Yacyretá. El Ejecutivo tendrá que apelar a convencer a los colorados disidentes o a los del Frente Guasu, aunque esta última nucleación política ya adelantó su rechazo al acuerdo.
El pacto Cartes–Macri determinó que la deuda de la EBY con el Tesoro argentino es de USD 4.084 millones a diciembre de 2015 y al 2016 será de USD 3.800 millones. Para el pago se otorgará un plazo de 30 años y los primeros 10 serán de gracia.
Por territorio inundado, nuestro país recibirá cerca de USD 1.000 millones.