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miércoles 28 de septiembre de 2016, 01:00

Piden impugnar la compra de sistema de gestión tributaria

La impugnación del proceso de adquisición de un servicio de diseño e implementación de un sistema integral de gestión tributaria y catastral para la Municipalidad de Asunción, establecido en la licitación internacional 1/16, fue solicitada a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) por tres empresas oferentes.

Las firmas Digitopar SA, Consorcio SR SA e Ingeniería y Consultoría de Calidad SA, en nota remitida al director nacional de la mencionada institución, abogado Santiago Jure, señalan una serie de cuestionamientos en los cuales ven lesionados sus intereses (ver infografía).

Una de las principales críticas la realiza Digitopar, representada por Enrique Germán de Beitía Canosa. que habla de un crédito encubierto solicitado por la institución municipal no menor a USD 10 millones y hasta USD 50 millones, que lesionaría expresas disposición de la Ley 3966 Orgánica Municipal.

Asimismo, sostiene que se habilita una planilla de puntajes que van de 10 a 50 puntos para las empresas participantes que van en directa relación con la cantidad de dinero que las mismas adelantan, donde no se tiene en cuenta la capacidad de repago o de endeudamiento de la Comuna capitalina.

SUBJETIVO. Por su parte, José Domingo Ré y Jessica Giménez, del Consorcio SR SA, se refieren a la posibilidad de que se apliquen evaluaciones subjetivas a partir de que no se establece con claridad los parámetros cuantitativos para saber cuáles son los proyectos que pueden ser considerados “de iguales características”.

En su exposición, Ingeniería y Consultoría de Calidad SA, representada por la arquitecta María Cristina Ortega de Herreros, sostiene que en la puntuación a la oferta nacional utiliza un sistema no regulado en ninguna reglamentación, no existe ponderación legal, salvo el margen de preferencia. Indica que eso desvirtúa el espíritu del apoyo a la oferta nacional, dejando en evidencia un estado de incertidumbre.

También cuestiona que el pliego de bases y condiciones habla de contratación de servicios de consultoría con preclasificación de carácter nacional, pero sin embargo la categoría del llamado es según el Sistema Informático de Contrataciones Públicas (SICP) en equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de computación y señalamiento. Sostiene que esto implica la adquisición de un bien y no el servicio de un sistema ya desarrollado o la contratación de consultores para elaborar un software para la Comuna asuncena.