“Con la importante herramienta legal, el Estado paraguayo se encuentra en condiciones de preservar un rico patrimonio histórico y viene a rendir un necesario homenaje a los niños compatriotas que dejaron sus jóvenes vidas en los campos de batalla en defensa de la soberanía nacional”, rezaba el comunicado de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) hace un año, cuando declararon Patrimonio Natural, Cultural y Arqueológico los campos de batalla de Acosta Ñu, ubicados en el distrito de Eusebio Ayala.
En la realidad el “homenaje” es otro, según denuncian pobladores de la zona. En el sitio, donde se enfrentaron cerca de 3.000 niños contra 20.000 hombres del ejército brasileño, aún persiste la extracción de arcilla en el sector donde se encontraron vestigios de la guerra, según los operarios. Además, aseguran que se suma otro daño: se colocaron líneas de alta tensión en el lugar.
“No estamos en contra de la actividad, lo que pedimos es que, por lo menos, se pueda esperar hacer las prospecciones y lograr recuperar los vestigios que quedan”, señaló Almide Alcaraz, presidente de la Asociación Jukyty.
Como el campo en cuestión es de propiedad privada, la SNC había recurrido hace un año a la Fiscalía de Eusebio Ayala, a fin de que se pueda intervenir en el lugar, que debe ser preservado.
Al respecto, el fiscal Juan Daniel Benítez señaló que el Juzgado Penal de Garantías, encargado de controlar el proceso penal iniciado, consideró que no existe un hecho punible tipificable por el Ministerio Público, por tratarse de propiedad privada, y, en consecuencia, rechazó el pedido de constituirse en el predio. “Es un mero efecto declaratorio al no estar estipulado en una ley la resolución. La denuncia de la SNC hace referencia a copias de leyes, recortes periodísticos y un trabajo realizado por el Servicio Geográfico Militar, pero no hay un documento que establezca que es un patrimonio público de la nación. Estamos hablando aún de un bien privado”, sostuvo.
DESCONECTADOS. Benítez dijo que se precisa de una expropiación, o, en todo caso, lo que la SNC puede realizar, en acuerdo con el propietario, es enviar a un encargado, con el acompañamiento de la Fiscalía, para controlar si entre las extracciones existen bienes patrimoniales. Pero señaló que los representantes de Cultura no han vuelto a comunicarse con los agentes.
Por su parte, el asesor jurídico de la SNC Gustavo Servían expresó no tuvo retorno de la Fiscalía. “La verdad que ni siquiera tenemos conocimiento si la Fiscalía de Eusebio Ayala desestimó o no la denuncia. Nunca nos llamaron como para ratificar lo que presentamos en contra de la extracción de arcilla, en zona protegida, con todos los antecedentes. Podíamos estar hablando de tráfico ilícito de bienes culturales”.
El juzgado nos dice que no podemos intervenir porque es predio privado. Nada hemos vuelto a saber de la gente de SNC. Juan Benítez, fiscal de Eusebio Ayala.