La enfermedad y la necesidad de contar con recursos económicos para hacer frente de los gastos de salud constituyen un problema que debe ser abordado por cualquier gobierno que se enmarque en los principios de un estado de derecho y que promueva el desarrollo.
Las consecuencias de la ausencia de una política de salud eficiente y eficaz traen aparejados un alto costo social y económico y la violación de derechos fundamentales. La existencia de enfermedades que podrían ser prevenidas, las muertes tempranas por exclusión de los servicios de salud, las incapacidades generadas por accidentes y tratamientos tardíos o mal realizados afectan a las personas en todas sus dimensiones.
La falta de salud impide una trayectoria educativa de calidad en la niñez y juventud y en la adultez afecta a la productividad y autonomía económica. No se puede aspirar a un país desarrollado si su gente no estudia lo suficiente y no desarrolla toda su potencialidad en el trabajo.
Desde el punto de vista político, en un país como Paraguay donde las prácticas prebendarias están a la orden del día y es el mecanismo principal para lograr la simpatía y lealtad a los partidos políticos, la vulnerabilidad asociada a una dolencia implica dependencia de las personas a un caudillo político.
Paraguay está muy lejos todavía de lograr los estándares regionales en la cobertura de los servicios de salud. Una importante proporción de la población está excluida de cualquier servicio de salud cuando se enferma o se accidenta. Estas personas terminan sin ningún tipo de tratamiento o automedicándose debido al mal funcionamiento de los servicios: tardanza en la atención, falta de insumos y medicamentos, mal trato del personal de blanco, costos de transporte o necesidad de dejar de trabajar.
Si bien en los últimos años hemos aumentado de manera importante la inversión en salud, los indicadores sanitarios han mejorado a un ritmo mucho menor, lo que ha ocasionado que en comparación con la mayoría de los países de la región hayamos quedado atrás.
Una de las principales causas de estos magros resultados es la inexistencia de un sistema de salud único que garantice universalidad en la atención. A pesar de los recursos invertidos desde el Gobierno central, las municipalidades y el Instituto de Previsión Social con los aportes de trabajadores y empleadores, las familias deben contar con recursos económicos si algún integrante se enferma. Si no cuenta, debe recurrir a la solidaridad para solventar sus gastos.
El Gobierno debe dar señales claras de que está direccionando sus esfuerzos a modificar esta situación.
La política de salud debe mostrar un claro direccionamiento hacia una reforma progresiva tendiente a crear un sistema de salud universal que garantice eficiencia, eficacia, calidad y equidad. No avanzaremos como país si la salud continúa siendo un determinante de la pobreza y la desigualdad y una condición para el prebendarismo político.
