Para el 2017, el Poder Ejecutivo proyecta un gasto de más de 100 millones de dólares en la compra de seguros privados para unos 115.000 empleados públicos, y subsidios de salud para otros. Este gasto se traduce en planes vip para unos, seguros de mucha menor cobertura para otros y ningún tipo de seguro para casi 73.000 funcionarios que solo reciben un plus mensual de G. 200.000.
A pesar del descomunal gasto que implica la medicina prepaga para el funcionariado público, aún varios empleados estatales no reciben ni seguros ni subsidios, entre ellos personal de blanco del Ministerio de Salud, según la Secretaría de la Función Pública.
La inequidad en este ámbito no solo se da entre aquellos que tienen seguro y los que no, sino que también existen marcadas asimetrías entre los tipos de planes prepagos que adquiere cada institución.
Por ejemplo, el seguro médico de un funcionario del Banco Central del Paraguay (de G. 2.367.350 al mes) le cuesta al Estado seis veces más que el plan de un empleado de la Secretaría de Acción Social (de G. 399.500). Casi 1.000 trabajadores de campo de esta secretaría tampoco reciben seguro médico ni el subsidio.
En algunos casos, se producen desigualdades en el pago de seguro, dentro de una misma institución. Esta es la situación del Poder Judicial, donde el Estado paga un plan médico a los 9 ministros de Corte de G. 2.741.250 al mes, a pesar de que los miembros de la máxima instancia judicial pueden ganar hasta G. 51 millones, como lo hizo la presidenta de la Corte, Alicia Pucheta, en agosto de este año. Sin embargo, para el resto de los funcionarios judiciales se paga un plan de solo G. 680.000 al mes.
Un caso similar es el del Senado y la Cámara de Diputados. Los 45 senadores y 18 parlasurianos reciben un plan mensual de G. 1.550.000, mientras que los diputados tienen un seguro de G. 1.716.000. Estos congresistas ostentan salarios de entre G. 32 y 37 millones al mes.
En contrapartida, un funcionario de la Cámara Alta o el Parlasur tiene un seguro de G. 1.270.000 al mes, mientras que en la Cámara de Diputados los empleados tienen un plan de G. 988.020.
CON SALUD PÚBLICA. La comparación entre lo desembolsado en seguros médicos y odontológicos para el funcionariado público y la ejecución presupuestaria en Salud Pública arroja más contrastes al gasto público.
En el 2016, el monto destinado a los seguros médicos para funcionarios públicos (G. 342.000 millones) supera la ejecución presupuestaria de 15 de las 18 regiones sanitarias a setiembre de este año (G. 334.000 millones).
La ejecución presupuestaria de la región sanitaria de Concepción en lo que va del año es de G. 23.000 millones y el departamento cuenta con una población aproximada de 240.000 personas. Paralelamente, en el 2016 el Estado tiene un presupuesto total de G. 26.000 millones para pagar el seguro de una cantidad máxima de 924 empleados del Banco Central del Paraguay.
En el Gobierno de Horacio Cartes, entre el 2013 y el 2016, solo Asismed cobró 519.000 millones en seguros médicos a 8 instituciones. En total son 19 las firmas que durante este periodo proveyeron planes médicos y odontológicos a funcionarios de los tres poderes del Estado, facturando un total de G. 1,2 billones.
