La asociación no descarta accionar judicialmente en contra de la medida.
María del Carmen Benítez, presidenta de la Opaci e intendenta de Ybycuí, dijo que “al ámbito municipal perjudica mucho la medida, teniendo en cuenta que los valores que se tomaban para cobrar el impuesto inmobiliario eran muy irrisorios y que con la Ley 5513/15 el monto de los impuestos aumentó y ahora vuelven a bajar, lo cual nos perjudica bastante”, aseguró.
Benítez anunció que mañana a las 09.00 los intendentes nucleados en la Opaci se reunirán en asamblea para establecer las acciones a realizar en contra del decreto. “Tendremos una reunión con los intendentes de cada región y un equipo técnico está trabajando para evaluar este decreto y establecer qué medidas tomar”, reifirió.
Preocupación. La titular de la Opaci explicó que una de las mayores preocupaciones que acarrea este decreto es que establece que el año próximo se les debitará a las personas que ya hayan pagado sus impuestos antes del decreto, es decir con valores fiscales más elevados. “Cómo vamos a devolver a los contribuyentes ese monto excendente que ya abonaron, teniendo en cuenta que un porcentaje de la recaudación va a la municipalidad (65 %), el 15 % va al Ministerio de Hacienda, el otro 15% a las gobernaciones y el 1% al Servicio Nacional de Catastro; es decir, a quién le vamos a debitar los montos que ya se cobraron”, se preguntó.
Explicó, además, que el momento en que se aplica el decreto es lo que más preocupa a los intendentes, debido a que el año está culminando y prácticamente ya se ha abonado el impuesto inmobiliario.
Asimismo, manifestó que la disminución del impuesto inmobiliario rural se traducirá en menos recursos para programas sociales y obras para cada municipio; “las más afectados son los localidades más pequeñas”, advirtió.
La presidenta lamentó que no se haya consultado con todas las partes para emitir el decreto, “los directivos de Catastro solo consultaron con los grandes propietarios de tierras y agroganaderos y no con los municipios, que son los mayores afectados”, reiteró.
Afirmó que los mayores beneficiados del decreto son los ganaderos y los grandes terratenientes.
MOROSIDAD. La intendenta de Ybycuí negó que existan altas tasas de morosidad, debido al aumento de los valores fiscales de las tierras.
“Varios intendentes aseguraron que no existe alto grado de morosidad, como alegan los directivos de Servicio Nacional de Catastro; al contrario, se tuvo que ampliar el presupuesto en el rubro de impuestos”. Indicó que solo los municipios tienen registros de los contribuyentes de cada localidad, asegurando que no existe el nivel de morosidad que Catastro alega.
De los 248 municipios existentes en todo el país, 175 de ellos están asociados a la Opaci, lo que significa que el 70% de las municipalidades activan dentro de la organización que preside María del Carmen Benítez.
