Florentín dijo que Lekanda se comprometió en la realización de un informe final referido a las observaciones y recomendaciones de acuerdo con la visión que ellos tienen.
El legislador manifestó que la conversación con Lekanda giró en torno a la preocupación sobre de dónde proviene el dinero para financiar las candidaturas.
Señaló que la especialista considera como un avance legislativo la implementación en sí de la ley de financiamiento actual y el hecho de que la Justicia Electoral se comprometió a mejorar el control con la adquisición de un software.
Igualmente y tras las elecciones, existe un compromiso de trabajar en conjunto para mejorar la ley de financiamiento. “Coincidimos en que es muy complejo, y que es muy importante, pero que está supeditada (la implementación de la ley) a la realidad de cada país”, señaló.
El diputado, quien busca una banca en la Cámara de Senadores, expresó que a la especialista le pareció pertinente que en el proyecto que está en espera de su sanción en el Congreso, se incluya que las personas imputadas no puedan ser aportantes.
EN ESPERA. El proyecto de ley de financiamiento político debe ser estudiado nuevamente en la Cámara Baja, debido a las modificaciones introducidas en su momento por el Senado.
Entre los cambios aprobados por los senadores figura que la Secretaría de Tributación no tendrá la potestad de habilitar o no a los candidatos, como se planteó en el proyecto aprobado por los diputados.
En cuanto al monto de los aportes permitidos, los senadores ampliaron de 7.000 jornales a 10.000, que representa G. 780.000.000 por persona.
Otra modificación que hicieron los senadores es que los condenados no puedan hacer aportes, pero habilitaron a los acusados como aportantes.
La normativa establece que está absolutamente prohibido apoyar con recursos del partido político o del Estado a cualquier candidato o movimiento en elecciones internas y tampoco aceptar o recibir directa o indirectamente contribuciones o donaciones de entidades extranjeras.