Elías Honzi y Édgar Medina
De acuerdo a datos proveídos por fuentes penitenciarias, de los 288 adolescentes varones privados de libertad en todo el país, solo 47 están condenados y el resto –241– guarda reclusión, procesados por algún tipo de delito. Esto refleja que un 83% está con prisión preventiva.
En el Centro Educativo de Ciudad del Este, donde hubo un amotinamiento el pasado miércoles, de 42 internos que guardan reclusión en el lugar solamente uno tiene condena, según los datos.
La cifra es altísima y refleja el abuso de la prisión preventiva, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los principales problemas relacionados con el respeto y la garantía de los derechos humanos.
Para la jueza de la Niñez, Rosa Yambay, son muchos los factores por lo que se da este fenómeno, entre ellos sociales, culturales y también jurídicos. “Los jueces penales son los únicos especializados (en niños y adolescentes), porque no hay fiscales especializados en penal adolescente; los abogados no siempre son especializados y no hay un solo Tribunal de Sentencia especializado. Tampoco hay juez de Ejecución especializado. Todo ello influye en las dificultades que surgen en los procesos y la falta de respuesta adecuada, dado que los operadores del sistema no están en sintonía”, explicó la magistrada. Yambay asegura que hay que trabajar programas que abordan el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal, que actualmente son muy pobres, según su parecer.
amotinamiento en cde. La fiscala Karen Chaparro quiere saber quiénes son los menores que estaban recluidos en el pabellón A, donde se originó el fuego que provocó un incendio que dejó 14 heridos, uno de ellos ya fallecido, en el Centro Educativo del Este.
Los responsables de la institución remitieron la lista de funcionarios que estuvieron de turno el día del amotinamiento, pero la fiscala solicitó la ampliación del informe, en el que pidió la lista de los internos y los que dormían en el pabellón.
“Voy a citar primero a ellos para ampliar la información que ya tengo y luego llamar a los funcionarios que estuvieron de turno en el tiempo en que ocurrió el hecho. Hubo muchas contradicciones en la versión dada por los menores el día del siniestro, por eso necesito más detalles sobre el hecho”, afirmó ayer la fiscala.
Inicialmente señalaron que los menores estaban molestos por el traslado de tres de los internos a un centro educativo de Encarnación. Pero tras el siniestro, algunos se quejaron de supuestos malos tratos, como la reducción de la ración diaria.
Para Orlando Castillo, director del Senaai, el consumo de drogas también podría estar incluido entre los factores, ya que algunos familiares estarían proveyendo de estupefacientes a los menores, al citar que hubo un detenido una semana antes de la tragedia.
La declaraciones testificales sobre el siniestro se realizarán desde la próxima semana recién, ya que la representante del Ministerio Público se encuentra de turno y está realizando diligencias sobre otros hechos registrados en Ciudad del Este y Minga Guazú, uno de ellos un homicidio con detenidos, según reveló ayer.
En forma paralela a la investigación fiscal de Ciudad del Este, funcionarios de la unidad especializada en Derechos Humanos también ya tomaron intervención para verificar si hubo malos tratos o torturas en el centro educativo. “Voy a pedir informes de las investigaciones realizadas por Derechos Humanos, informe sobre el sumario interno realizado por el Ministerio de Justicia y un informe al Cuerpo de Bomberos que intervino ese día”, acotó.
Robo es el principal delito de encierro de jóvenes
De acuerdo a un informe presentado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el hecho punible contra los bienes de la persona, es decir: robo agravado, hurto, hurto simple y otros, son los delitos por los cuáles están encerrados la mayoría de los adolescentes, seguido del hecho punible contra la persona (homicidio) y tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas conforman los delitos más comunes cometidos por jóvenes.
El informe del MNP fue realizado luego de una serie de entrevistas que involucró a 400 adolescentes en conflicto con la ley (385 varones y 15 mujeres) que fue realizado en el año 2015. Los datos fueron publicados en un libro titulado Abriendo puertas al encierro, que refleja la realidad de los reos adolescentes.