EFE
El proyecto de ley fue aprobado la semana pasada por los senadores de modo general, y mañana será estudiado artículo por artículo, de cara a posibles modificaciones.
La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) admitió que ese proyecto nace con “el objetivo loable de evitar todo tipo de violencia contra la mujer”, pero señala que al mismo se le han añadido artículos “que contienen conceptos que vulneran sus fines originales”.
Según la CEP, se trata de artículos derivados de la “ideología de género”, a través de la cual se pretende que la protección planteada por el proyecto de ley “incluya a varones que se consideran a sí mismos como mujeres”.
“Estamos frente al intento de una verdadera revolución antropológica a la que como Iglesia no podemos asistir pasivamente. Por tanto, exhortamos a los señores senadores a reflexionar en torno a la confusión a que se presta este juego de conceptos”, dijo la CEP en un comunicado firmado por su presidente, monseñor Edmundo Valenzuela.
El proyecto de ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, que tipifica la figura del feminicidio y amplía el ámbito de amparo a la mujer de la actual legislación, volverá a ser tratado en la Cámara de Diputados si los senadores lo aprueban con modificaciones.
Las organizaciones promotoras del proyecto piden que se considere al feminicidio como “violencia de género” debido a que este crimen se define como el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, es decir, un asesinato motivado por el género de la víctima.
El proyecto cuenta con el apoyo de ONU Mujeres, que señala que Paraguay es uno de los únicos países de América que no cuenta con una ley integral contra la violencia ni una tipificación específica del feminicidio.
Organizaciones paraguayas que reúnen a transexuales y transgéneros, es decir, personas que asumen un género distinto al del sexo asignado al nacer, también se pronunciaron a favor del proyecto de ley.
Argumentaron que el colectivo trans ha sido objeto en el país de al menos 54 asesinatos sin esclarecer desde la caída de la dictadura en 1989, un hecho que denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El proyecto original, consensuado entre diferentes organizaciones y víctimas de violencia machista, incluía la prohibición de discriminar por identidad de género, y pretendía aplicarse a “las biológicamente mujeres o con identidad de género femenina”.
Estas referencias fueron eliminadas en un dictamen presentado por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que también suprimió toda alusión a la palabra “género” en el texto que fue aprobado en agosto en la sesión plenaria de la Cámara Baja.
Al menos 34 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2016 en Paraguay, según las cifras oficiales, y el Ministerio de la Mujer estima que una mujer es asesinada cada nueve días en el país.
Según datos de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), entre enero y octubre de 2015 se contabilizaron en el país 5.164 denuncias por algún tipo de violencia, de los que el 86 % de las víctimas fueron mujeres y niñas.
