20 jul. 2025

Nueva ley de financiamiento no rige para las municipales

El diputado por Alto Paraná, Ramón Romero Roa, informó que los subsidios del Estado por las elecciones municipales recientes no se deben pagar por la nueva ley de financiamiento político, recientemente sancionada por el Congreso.

Subsidio electoral.  Los partidos se dieron  aumento para los comicios generales del 2018.

Subsidio electoral. Los partidos se dieron aumento para los comicios generales del 2018.

La nueva ley establece aumento sustancial de subsidios a las agrupaciones políticas, porque el Estado no solo está obligado a pagar por los votos obtenidos sino también por los cargos ganados en las elecciones.

La nueva ley deroga la Ley 4743/12, que regula el financiamiento político. El Congreso decidió cambiar esta ley porque los partidos se dieron cuenta que no era conveniente para ellos, al reducir drásticamente el pago de subsidio electoral. La reducción fue del 31%.

Sin embargo, la nueva ley, que todavía no fue promulgada, fue sancionada luego de las elecciones municipales del 15 de noviembre último.

En consecuencia, el diputado Romero Roa explicó que en estas condiciones, el pago de subsidio a las agrupaciones políticas por los recientes comicios municipales debe hacerse según la ley del 2012.

O sea, el pago del subsidio debe pagarse con la reducción que establece la mencionada ley y no con el aumento dispuesto por el Congreso Nacional esta semana.

La Ley 4743/12 redujo el subsidio porque recortó el pago por los cargos ganados y dejó solamente el subsidio por los votos ganados. El subsidio por ambos conceptos figuraba en el Código Electoral de 1996. Ahora, el Congreso, fundamentalmente con la decisión del Senado, no sólo revivió lo que establecía el viejo Código Electoral sino también estableció el aumento.

Por ejemplo, para las elecciones generales del 2018, si un partido gana la Presidencia de la República, el aumento es de casi G. 500 mil millones. Según la vieja fórmula, la ANR cobró por ganar la chapa presidencial en el 2013 (presidente y vicepresidente) G. 3.000.188.900. Con la ley recientemente sancionada, llegaría a G. 3.507.750.000.