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Economía
miércoles 13 de septiembre de 2017, 02:00

Necesitan ser asistidos unos 50.000 labriegos, según CNI

De acuerdo con la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), existen 50.000 agricultores que deben acogerse a la ley de emergencia. En los próximos cinco días confeccionarán la lista, a pedido del Gobierno.

"La ley de emergencia se tiene que cumplir, por lo tanto, vamos a hacer el censo a los compañeros productores para poder presentar y que así se cumpla", dijo Félix Núñez, dirigente de la coordinadora.

Explicó que cada base zonal de la CNI recabará los datos durante los próximos días.

Uno de los sectores más afectados son los cañicultores, que suman 13.000. El resto son productores frutihortícolas y de otros rubros, señaló.

Mañana se cumple además el plazo de una semana que dieron al Gobierno para que se inicie la aplicación de la ley. "Si no se cumple, más gente va a salir a movilizarse", advirtió el dirigente. Recordó que el plan es ocupar instituciones del Estado del interior del país que guarden relación con la emergencia, como el MAG, el Indert, la Senavitat, el BNF, el Crédito Agrícola, entre otros.

Núñez se refirió de forma particular a lo que implica realmente una emergencia. Dijo que mientras dure ese periodo, que es de 180 días según la ley, los afectados no están en condiciones de pagar sus cuentas. "Al aprobar la ley de emergencia, el Gobierno reconoce esta situación de insolvencia", señaló.

Durante esos seis meses de emergencia, esperan recuperarse de la difícil situación y estar en condiciones de pagar sus obligaciones. Caso contrario, no se descarta volver a hacer un proyecto de condonación de deudas privadas, dijo Núñez.

POLITIZACIÓN. Dijo que harán todo lo que esté a su alcance para asegurar la correcta implementación de la ley, debido que el temor es que se politice la asistencia a favor del partido de Gobierno. Además, la necesidad en el campo obliga a que se ejecute la ley rigurosamente, dijo.

Para ello, elaboraron una detallada propuesta de reglamentación de la ley, que no fue considerada por el Poder Ejecutivo. Justamente en la reunión que los campesinos tuvieron el lunes con el ministro de Agricultura y Ganadería Juan Carlos Baruja, se les dijo que no era necesaria una reglamentación, sino fondos.

Los fondos esperan ser obtenidos mediante una ampliación presupuestaria de USD 40 millones, que ya ha sido solicitada al Congreso.

El proyecto se trataría mañana, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.