Esto justamente por la falta de fondos por la que está atravesando la cartera estatal, por el aumento del nivel de ejecución de las empresas constructoras, que está por encima del 30% de lo programado. La situación es más complicada, luego de que el Senado rechazó el préstamo de USD 200 millones del BID, destinado a continuar con las obras viales que están en ejecución.
Para cumplir los compromisos, el Ministerio está trabajando en una reprogramación presupuestaria, específicamente de los saldos de los bonos que disponen. Así señaló ayer a Última Hora el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), el ingeniero Emilio Gill. “Este año tuvimos un buen año vial por las condiciones climáticas y estamos muy por encima de las previsiones del MOPC, un 30% más. Por eso consumimos más los recursos presupuestados”, expresó.
Gill señaló que las más afectadas son las obras que estaban siendo financiadas con bonos soberanos. Asimismo, comentó que 70 empresas medianas y grandes se ven afectadas por la situación. “Hasta junio, el MOPC honró todas las certificaciones en un 100%. Hoy día nos pagaron un 30% de las facturas del mes de julio y queda pendiente el 70%”, expresó. Los meses de agosto y setiembre también están pendientes.
Agregó que el escenario está afectando de manera paulatina a las firmas. “En la medida que los recursos no lleguen, se van parando las obras, pero nadie quiere parar una obra vial porque no puede uno cerrar todo y enviar a la gente a su casa, lo que es un alto costo para las empresas”, enfatizó.
incertidumbre. A su turno, el empresario Julio Mendoza Yampey, de la Capavi, señaló que las empresas solo pueden aguantar hasta 90 días la falta de pago, y no más. “Nosotros ante un escenario de incertidumbre si no vamos a cobrar, empezamos a aplicar el embrague. Uno aguanta hasta 90 días y no 180 0 120 días”, aseveró. Enfatizó que la situación afecta a 450 contratos.
Por otro lado, el titular de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, señaló que este mes estarán desembolsando USD 80 millones por los pagos atrasados, para lo cual utilizarán USD 34 millones de los bonos soberanos de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).
