La cartera otorgó el llamado en cuestión al consorcio denominado Concesionaria de Peajes del Paraguay, integrado por CDD Construcciones SA (Paraguay) y Ramón Álvarez Construcciones SA (Uruguay), que se encargará de cobrar la tarifa a los usuarios de rutas por 10 años y percibirá un estimativo de USD 76 millones por este “trabajo”. La empresa presentó la oferta más cara.
Un hecho bastante llamativo es que Concesionaria de Peajes del Paraguay ofertó G. 39.517 millones para adjudicarse la tercerización, según el acta de apertura de las ofertas, que es el monto que tenía que percibir si resultaba adjudicada, lo cual ya incluye la modernización de otros cinco puestos más.
Sin embargo, Obras Públicas adjudicó el proyecto por G. 42.617 millones, cifra que finalmente cobrará la empresa anualmente, según la resolución de adjudicación, cuyos detalles hasta ahora no se aclararon.
Esto significa que el MOPC pudo haber inflado la oferta inicial del consorcio al momento de la adjudicación (G. 3.100 millones más). Pese a las dudas, llamativamente la cartera todavía no responde a las consultas de este medio sobre el tema desde la semana pasada, a pesar de las insistencias.
Desde tempranas horas de ayer, ÚH pidió una aclaración respecto a la diferencia del precio ofertado y adjudicado, pero no hubo retorno. La Dirección de Comunicaciones, en un comienzo, alegó que remitirían un comunicado de prensa, cosa que no sucedió.
De los 13 puestos que administrará el consorcio adjudicado, ocho peajes ya fueron modernizados por la cartera estatal y costaron USD 14 millones. Justamente esas inversiones se realizaron para mejorar la recaudación, pero ahora los puestos serán administrados por el sector privado, lo que fue duramente cuestionado en su momento.
Solo se salvan los peajes de Ypacaraí y Coronel Oviedo de la ruta 2, que ya fueron adjudicados vía alianza público-privada.
El consorcio adjudicado es el mismo grupo que hace unos días fue denunciado por adulterar documentos en otra oferta que presentó al MOPC, donde también resultó ganadora.
Fue en la adjudicación para rehabilitación y pavimentación del tramo San Juan Nepomuceno-Ruta 6 –que las mismas empresas ganaron como Consorcio Tavai por USD 65 millones–, y cuyo integrante, Ramón C. Álvarez, fue acusado de falsificar la firma de un profesional, específicamente del ingeniero Silvio Quiñónez, quien sacó a la luz el hecho, luego de una pelea interna. Quiñónez acusó a la empresa charrúa de falsear su firma para presentarlo como profesional en un área que no era su especialidad, en la oferta del grupo. DNCP no investigó la denuncia por tratarse de un proyecto financiado por el BID, según aclaró ayer la institución.
Documento. En el acta de apertura de arriba se ve otro monto respecto a la adjudicación.
