“No estamos defendiendo, bajo ninguna circunstancia, a una empresa ni siquiera a un proyecto. Estamos defendiendo una herramienta, que es la Ley de APP. Somos conscientes de que en estos primeros proyectos estamos estableciendo la credibilidad con la ciudadanía y con el capital internacional”, expuso a la 1080 AM.
Remarcó que no convencen a su cartera, ni a ningún otro ente que participa en el proceso, los argumentos que el contralor Enrique García presenta en su dictamen. Reiteró que incluir una etapa de precalificación era opcional, no obligatorio, y que la Contraloría no puede dar opiniones técnicas.
Añadió que en Paraguay es posible llevar adelante procesos serios y confiables, sobre todo teniendo en cuenta que las empresas internacionales invierten cerca de un millón de dólares en preparar sus ofertas, ganen o pierdan. Para que puedan animarse a seguir invirtiendo en el país, arriesgando sus ofertas en nuevos proyectos, se debe demostrar que las instituciones funcionan y que los procesos son legales, agregó. Recalcó que no hay capricho de ninguna persona o institución en particular. Explicó que el Presupuesto de la Nación para inversiones en obras públicas es de apenas USD 550 millones al año, que es la mitad de lo que necesita Paraguay.
