Luego se debe hacer lo propio a los ministros José Raúl Torres, Miryam Peña, Alicia Pucheta y Antonio Fretes.
Cada uno tendrá tres días hábiles, más el plazo de gracia (hasta las 9.00 del día siguiente), para responder la recusación.
Esto da nada menos que quince días hábiles. Una vez que todos contesten las recusaciones, se deberán buscar nada menos que cinco camaristas para resolver las recusaciones.
Esto hace que sea bastante difícil que exista una definición de la inconstitucionalidad en forma rápida, como se pedía en un principio ante el ambiente de crispación política por la enmienda.
Es que recién cuando se resuelvan las recusaciones, se podrá estudiar si se da trámite a la acción o se rechaza in límine. Si se tramita, también se deberá estudiar la medida cautelar sobre suspender los efectos de la resolución atacada.
Hay que recordar que los 14 legisladores plantearon una acción de inconstitucionalidad en contra del reglamento interno de la Cámara de Senadores. Sin embargo, por la importancia de la acción, los senadores pidieron que la Sala Constitucional fuese conformada por el pleno de la Corte.
Esta conformación es la que hasta ahora retrasa alguna resolución, teniendo en cuenta que se inhibió la ministra Gladys Bareiro de Módica, por lo que se tuvo que buscar integrantes para el pleno.
La importancia de la acción está en que si se declara inconstitucional e inaplicable, todas las resoluciones posteriores, entre ellas el proyecto de enmienda constitucional, serían nulas.
El proyecto ya está en la Cámara de Diputados y fue girado a comisión para su estudio.
Resolución, aún con fecha incierta
Con las recusaciones, hasta ahora no se puede saber cuándo se podrá tratar la acción de los senadores opositores. Con ello, es difícil que antes del miércoles próximo, fecha en que los diputados tratarán la enmienda, se tenga un fallo al respecto.
