02 may. 2024

MIC rechaza “enfáticamente” estatizar Azucarera Iturbe

El viceministro de Industria, Óscar Stark, rechazó “enfáticamente” la posibilidad de estatizar la Azucarera Iturbe que se encuentra en estado de quiebra. Esto es a raíz de un proyecto presentado en el Senado que busca expropiar el 100% del ingenio.

Otra época.  La planta fabril de la azucarera Iturbe cuando aún molía caña de azúcar.

Otra época. La planta fabril de la azucarera Iturbe cuando aún molía caña de azúcar.

“Rechazamos enfáticamente. No creemos que estatizar sea el camino”, afirmó en forma contundente el viceministro de Industria, Óscar Stark, a radio Monumental 1080 AM.

Recordó que la Azucarera Iturbe tiene procesos legales que están en marcha como la convocatoria de acreedores que tienen garantías reales y un pasivo muy elevado.

También refirió que el país tiene como un punto a favor importante nunca haber nacionalizado una empresa privada. “Sería una intervención en derecho privado demasiado fuerte del Gobierno”, sostuvo.

Dijo que cambiar eso sería muy malo teniendo en cuenta la imagen actual del país para captar inversiones.

La intención del Gobierno es solo honrar la deuda que el ingenio tiene con los cañicultores de la zona por unos G. 15.000 millones. Los labriegos vienen reclamando el pago por la zafra cañera desde año pasado.

“Lo que hace este Gobierno es hacerse responsable de la irresponsabilidad de otros, donde ustedes fueron los grandes pagadores de culpa ajena”, afirmó en su momento el presidente de la República, Horacio Cartes.

Un grupo de senadores de distintas bancadas promueve desde el jueves un proyecto de ley que expropia el 100% de las acciones de la Azucarera Iturbe SA, del Guairá, a favor del Estado paraguayo.

La Azucarera Iturbe SA, empresa prácticamente quebrada por mala administración y sin posibilidades de revertir su pasivo estimado de unos 85 millones de dólares, se convirtió de la noche a la mañana en motivo de “interés nacional” tanto para el Ejecutivo como el Legislativo, según informa este viernes el Diario Última Hora en su edición impresa.

En ambos casos, se busca cargar al Estado el costo de solución de las consecuencias sociales de la paralización del ingenio privado.

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