Se ha desatado un fuerte debate en la zona Norte del país sobre la posibilidad de derogar la ley que creó la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), integrada por policías y militares, para combatir a grupos armados como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Agrupación Campesina Armada (ACA), principalmente en San Pedro y Concepción.
La principal crítica proviene de la Pastoral Social de las diócesis locales y de grupos de pobladores afectados, que sostienen que los militares y policías han incurrido en varios abusos y violaciones de derechos humanos contra asentamientos campesinos, y que no han arrojado resultados que contribuyan a la seguridad, como la desactivación de los grupos armados, que a la fecha mantienen a tres personas secuestradas.
Por su parte, directivos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) vienen realizando campañas, oponiéndose a una eventual eliminación de la FTC, con el argumento de que la misma brinda tranquilidad a los estancieros y productores ganaderos y que su eventual retiro significaría dejarlos nuevamente librados a los criminales.
La situación merece un análisis más a fondo por parte de organismos del Estado, especialmente a nivel legislativo, antes de asumir alguna acción que pueda afectar aun más a los sectores en conflicto.
Hasta ahora, la mayoría de las evaluaciones sobre el accionar de la FCT son principalmente negativas. Además del pronunciamiento de la Pastoral Social, hay un informe oficial del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNP), organismo del propio Estado paraguayo, que en su informe anual de 2014 señaló que personas adultas y menores de edad murieron baleadas durante un operativo en Kurusu de Hierro, en circunstancias en que se violaron todos los protocolos.
A pesar de que el informe fue entregado al Poder Legislativo, a la Fiscalía y al Poder Judicial, no mereció ninguna investigación seria. En abril de 2015, el Subcomité para la Prevención para la Tortura de las Naciones Unidas reclamó por estos mismos casos y exigió al Estado paraguayo investigarlos debidamente.
Aún con todas las críticas que existen, dejar a la zona sin protección no es la mejor opción. Es más aconsejable transparentar la acción de la FTC, ejercer un estricto control sobre sus operativos, que se rinda cuenta sobre el dinero que se gasta y que se investiguen las denuncias sobre presuntos abusos cometidos, sancionando a quienes resulten responsables.
Por sobre todo, corresponde exigir que la actuación de la Fuerza ofrezca los resultados esperados de acabar con la inseguridad, logrando la liberación de los secuestrados, cuyo regreso es lo más aguardado por sus familiares y por toda la ciudadanía.