El día en que se cumplieron cinco años de la masacre de Curuguaty sellaron el pacto.
Fueron cinco años en los que el Frente Guasu acusó a la Fiscalía de no investigar la muerte de los campesinos, de condenar injustamente a los ocupantes de Marina Cué y de criminalizar la lucha por la tierra.
Fueron cinco años de gritar desde sus curules, desde las calles y desde donde sea, que el Ministerio Público solo representa a la oligarquía.
Ese día, el Frente Guasu decidió entregarle al presidente Horacio Cartes la decisión sobre el próximo fiscal general, con la designación de representantes cartistas en el Consejo de la Magistratura.
Así queda garantizado una vez más el dominio histórico del Partido Colorado sobre el Ministerio Público.
Mediante una alianza con el luguismo y el llanismo en el Senado y en Diputados, nuestro presidente ahora dispone del Consejo de la Magistratura –la formulación de ternas para los cargos de fiscales y jueces– y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados –la capacidad de sancionar o blanquear a fiscales y jueces–.
Si a todo esto le sumamos una Corte Suprema de Justicia afín a sus intereses, que hasta ahora no molestó con ninguna sentencia en contra a este Gobierno, a pesar de tantas demandas y acciones, podemos concluir que el Poder Ejecutivo controla a la Justicia.
La división de poderes contemplada en nuestra Constitución quedó ahí, en la Constitución.
Fuera de ella, los tentáculos del cartismo se extienden cada vez más y van copando los órganos e instituciones que deberían fungir de contrapeso a este Gobierno.
Todo esto sería imposible, claro está, sin el beneplácito de Fernando Lugo, Blas Llano y los demás parlamentarios que se dicen opositores, pero que hasta ahora fueron más funcionales a Cartes que muchos colorados.
El peligro de otorgar tanta potestad a una sola persona es evidente. No se trata de confiar o no en este presidente, sino en el balance de poderes que blinda el sistema democrático.
Los ejemplos están a la vista: Hoy tenemos a una Fiscalía que decidió detener y mandar presos a varios dirigentes, días después de un reclamo público de Cartes.
Sin embargo, el crimen del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana continúa en la oscuridad, debido a que la investigación no respondió –ni parece interesarse en responder– una pregunta obvia: ¿Quién ordenó el atraco al local del PLRA?
Tener al aparato judicial sometido es el sueño de cualquier gobernante, durante su último año de gobierno, a meses del periodo electoral. Gracias a la mayor parte de la izquierda, el presidente más neoliberal de los últimos años lo consiguió.
