De cumplir con sus promesas de candidato, Mario Abdo Benítez impulsará una reforma constitucional que tendrá como principal eje una reforma judicial. La necesidad de despolitizar y fortalecer el Poder Judicial es, por decirlo de alguna manera, un tema de campaña bastante gastado.
Desde hace casi dos décadas, todos los presidentes paraguayos prometieron profundas reformas, renovar la Corte Suprema y mejorar el sistema de selección de magistrados. Esfuerzos hubo e incluso resultados de todo tipo. Nicanor Duarte Frutos, por ejemplo, cumplió su promesa de “pulverizar” la Corte Suprema y la renovó casi en su totalidad.
Menos de cinco años después Lugo también quiso renovar aquella Corte servil al oficialismo colorado y reformar la Justicia a través de una Constituyente, pero sus intenciones quedaron ahí. Horacio Cartes intentó al menos el juicio político de tres ministros: César Garay Zuccolillo, Sindulfo Blanco y Óscar Bajac. Finalmente, el intento de destitución quedó cajoneado y solo sirvió para desestabilizar aún más la independencia de la máxima instancia judicial que desde el 2014 funciona con una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de tres de sus miembros.
En su gobierno, Cartes también buscó modificar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, órgano que conforma las ternas para los cargos judiciales. Ahí asignó como representante del Poder Ejecutivo a Enrique Riera, quien impulsó un nuevo sistema de puntajes para evaluar a los postulantes a un cargo. La idea repitió Riera durante el tiempo que estuvo ahí, era disminuir la discrecionalidad y elegir a los tres mejores postulantes para cada cargo, sin importar su origen político o padrinazgo.
Todo iba relativamente bien hasta que llegaron las pruebas de fuego: los cargos de ministros de la Corte y de fiscal general. El poder político se impuso y las ternas terminaron monocromáticas: El coloradismo y la afinidad con Cartes fueron el denominador común de los ternados.
Así llegamos hasta fines del año pasado y la divulgación de grabaciones de conversaciones de Óscar González Daher y su secretario en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippmann. La politización de la Justicia nunca quedó tan evidenciada. El telón cayó y vimos cómo un senador cartista maneja los hilos del Poder Judicial y cómo fiscales y magistrados se rinden ante sus llamados. En Paraguay, los únicos que no consiguen justicia son los que no tienen dinero, poder político o el número de teléfono de Fernández Lippman.
Antes que estallara el escándalo en el Jurado de Enjuiciamiento, no había razones particulares para creer que al fin llegaría la tan mentada reforma. No obstante, las consecuencias políticas, como la destitución de González Daher del Senado y la renuncia de Jorge Oviedo Matto, convirtieron a la Justicia en un tema central de las campañas de Mario Abdo y Efraín Alegre. Ambos manifestaron estar a favor de convocar a una Constituyente para reformar el sistema judicial.
Sin embargo, nada es tan simple. Resulta cuanto menos difícil de imaginar que el nuevo presidente electo lidere un proceso de saneamiento de la Justicia cuando está rodeado de tantos personajes que se beneficiaron manejando los hilos del Poder Judicial y el Ministerio Público. Su propio partido político es el principal responsable de la sumisión de centenares de jueces y fiscales.
Así las cosas, la reforma judicial que se viene sigue siendo un idea en la nebulosa y difícil de descifrar. El propio Abdo no dio muchos detalles de qué exactamente busca cambiar en la Justicia. El mero discurso electoralista parecería insuficiente para generar una nueva Constitución Nacional. Incluso, más peligrosa resulta la idea de abrir una Constituyente con un Gobierno con un tinte tan conservador por la posibilidad de que derechos civiles ya conquistados puedan ser revisados.